Por José Ossandón
Un recurso de protección en contra del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio presentó esta semana Claudia Galeas Herrera en la Corte de Apelaciones de Valparaíso para que, de acuerdo a lo precisado en su demanda, “se restablezca el imperio del derecho” y a la vez se adopte, por la vía legal, todas las medidas necesarias para la el tratamiento de la enfermedad que esta paciente de 47 años requiere “en protección de mi vida y salud, en concreto mi internación y tratamiento multidisciplinar para intervención quirúrgica”, afirma.
Esta porteña lleva años lidiando con que se atienda con urgencia su enfermedad (obesidad mórbida) padece desde el 2019, y que a la fecha “me ha ocasionado diversas complicaciones de salud, las que día a día van agudizándose”.
“Deteniéndonos un poco en mi condición médica, es necesario mencionar que la obesidad mórbida u obesidad extrema o de clase tres consiste en una enfermedad de tipo crónico que aparece en el momento en el que existe un exceso de tejido adiposo —es decir, grasa— en el cuerpo”, explica.
“Se trata de la enfermedad metabólica de tipo crónico con más prevalencia en los países desarrollados y está asociada a una gran cantidad de enfermedades tales como la hipertensión, la diabetes, entre otras”, manifiesta la afectada.
“Por tales motivos, al tratarse de una enfermedad crónica multifactorial y que se asocia a varias otras enfermedades, es que se ha estimado por la ciencia medica, abordarla desde un enfoque multidisciplinario, que contemple acompañamiento psicológico, nutricional, preparación física, y un equipo médico para la realización de intervención bariátrica”, agrega Claudia Galeas.
Cesfam Barón
“En ese contexto —sostiene— con un diagnóstico de obesidad mórbida a mis espaldas, el 21 de marzo de 2019 se me otorgó una interconsulta en el Cesfam Barón, recinto en el que recibía atención con un especialista nutricional. Lo anterior, con el objeto de ser atendida en el consultorio de especialidades del hospital Eduardo Pereira, puesto que el referido Cesfam no contaba con los implementos necesarios para brindarme un adecuado tratamiento, entre ellos, por ejemplo, las básculas existentes, cuya capacidad máxima es de 160 kilógramos”.
“Por ello, fui derivada a la especialista endocrinóloga Teresa Veas, del Consultorio de Especialidades del Hospital Eduardo Pereira, con quien tuve mi primera cita a inicios del año 2019. Desde inicios de mi tratamiento con dicha especialista, recibí́ malos tratos, largas esperas de atención pasadas la hora de cita médica, así como una negativa a darme un tratamiento especializado para enfrentar mi condición médica, limitándose a darme algunas recomendaciones genéricas y recetar ejercicios que por mi condición médica y dolor de rodillas, no puedo realizar”.
“Cabe señalar —advierte— que dado mi diagnóstico médico, es necesario para una adecuado y eficaz tratamiento, el contar con un equipo multidisciplinario especializado y con atención médica, nutricional y psicológica, todo lo que no se me ha otorgado. Al contrario, he recibido un trato discriminatorio, despectivo y humillante, por parte de la referida endocrinóloga quien se ha negado a derivarme a otros especialistas para recibir un apoyo complementario, cuestión estrictamente necesaria para optar a una cirugía bariátrica, de la cual soy paciente candidata desde hace 3 años, según consta en los antecedentes que se acompañarán pertinentemente”.
Negativa
Galeas expone que ante la negativa a otorgarle un tratamiento integral, “así como un trato discriminatorio hacia mi persona, que ha resultado gravísima para mis derechos, presenté dos reclamos vía Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS del hospital, denunciando estas irregularidades, las que, sin embargo, no obtuve respuesta satisfactoria, siendo que lo único que en definitiva solicito es mi internación en algún centro asistencial idóneo, para recibir una ayuda integral a mi grave caso de obesidad mórbida, pesando en la actualidad 179 kilos, de los cuales debo bajar al menos 30, para poder optar a una operación, cuestión imposible de conseguir por mi sola, sin contar con el debido tratamiento y seguimiento”.
“Así las cosas —continúa Claudia— con fecha 16 de diciembre de 2021, esta parte presentó a este servicio la solicitud folio 1634914, la cual fuera respondida con fecha 22 de diciembre de 2021, y en virtud de la cual se me citó a una reunión presencial con las autoridades del servicio y la facultativa de rigor el día 28 de diciembre recién pasado. Sin embargo, pese a los compromisos adquiridos por la autoridad, a la fecha no he tenido respuesta formal alguna con respecto a mi solicitud”.
“En ese contexto, con la finalidad de tener una respuesta más acabada y que diera resolución a mi caso, y en que se asumieran compromisos adoptados de parte de la autoridad a través de un pronunciamiento definitivo, solicité, por conducto de mis abogados, una respuesta formal con fecha 16 de febrero del presente año, a través del correo de la oficina de partes del Servicio de Salud, la que a la fecha no ha sido respondida, dentro de los plazos previstos en la ley 19.880, por lo que ante tal situación, se ha configurado una omisión ilegal y arbitraria por parte de la autoridad, que vulnera mis derechos y garantías constitucionales tal como se señalara”, expresa.
“Es menester señalar que durante todo el tiempo que ha transcurrido tras estas presentaciones y solicitudes, el manejo de mi enfermedad ha resultado ineficaz, mi obesidad mórbida ha empeorando, por lo cual temo por mi salud y mi integridad física, la que seguirá́ en riesgo mientras no exista un pronunciamiento que en definitiva determine si seré́ hospitalizada con el objeto de ser intervenida quirúrgicamente mediante cirugía bariátrica”, enfatiza.
“En definitiva solicito (a la Corte) que se resuelva derechamente mi petición y se emita un pronunciamiento definitivo, en orden a señalar si se accederá́ o no a mi petición, y en concordancia con lo anterior, se me otorgue la posibilidad de hospitalización y cirugía bariátrica”, concluye.
En tanto que el abogado patrocinante de la afectada, Alejandro Chaparro, lamentó “que las personas deban concurrir a la Justicia, intentando establecer un Derecho que por Constitución y por Ley les corresponde. Afortunadamente la Justicia chilena ha entendido que el acceso a la salud es un bien superior que debe ser amparado y ha obligado a las instituciones del Estado a salvaguardar la integridad física de las personas, otorgando un tratamiento adecuado a los que sufren de esta clase de patologías. Aprovecho de hacer una llamado a la autoridad para que resolvamos rápidamente la situación de Claudia, ya que ella no tiene tiempo para esperar, ya que su salud se deteriora cada vez más”.
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(Foto principal: El Mercurio)
