Por Silvio Becerra Fuica
Profesor de Filosofía
Diplomado en Gestión integrada de Zonas Costeras
El ser humano, desde sus más remotos orígenes, ha explotado y usufructuado del ambiente terrestre, primero en forma muy simple, mediante la recolección de elementos proporcionados en forma directa por la naturaleza (alimentación y abrigo), y posteriormente en forma más elaborada, mediante procesos de transformación de ésta, como por ejemplo la agricultura, minería, habitación, etc.
En la actualidad, el avance y desarrollo de la humanidad, con el consiguiente aumento poblacional, ha llevado a un crecimiento acelerado de las necesidades humanas, las que de una u otra manera deben ser satisfechas; determinando una explotación mucho más intensiva de los recursos naturales vivos y no vivos existentes, constituyendo en este momento una situación bastante crítica para el planeta tierra. Esto es importante de analizar, si consideramos que las soluciones que el mundo actual requiere, acorde al desarrollo tecnológico, deben enfrentarse desde un punto de vista global, pues por muy regionales que puedan ser las medidas adoptadas por diferentes naciones, siempre terminarán afectando directamente a sus vecinos y en forma progresiva al mundo entero.
Un ejemplo concreto de lo expresado anteriormente, lo tenemos en las grandes catástrofes nucleares ocurridas por acción del hombre, ya sea en tierra firme, como en los fondos marinos, dejando una huella funesta para el destino de la humanidad.
La sobreexplotación del ambiente terrestre, ha llevado a que la humanidad centre su atención, en forma específica y diferenciada hacia el ambiente marino, constituido por los mares y océanos del planeta, que, en relación a la tierra, ocupan el 75% de éste, motivo por el cual se ha dado en denominarle “Planeta Azul”. Esta realidad coloca ante nuestros ojos un espacio medianamente utilizado, aún, cuando existen áreas en diferentes lugares del globo, que están virtualmente colapsadas desde el punto de vista de las grandes pesquerías, por ejemplo.
Este hecho debe llevarnos a ser previsores, manteniendo una lucha constante por la defensa del medio marino, que por muy grande y extenso que este sea, está expuesto a correr la misma suerte que el medio terrestre, lo cual pondría en grave riesgo la sustentabilidad del ser humano y sus posibilidades de vida en la Tierra. También es cierto, que, si propendemos al cuidado del medio marino, esto debería hacerse, manteniendo una consecuencia con los principios del desarrollo sustentable, para lo cual se requiere del acuerdo de los países del mundo (desarrollados y en vías del desarrollo).
Lo anterior nos indica que no podemos pensar en una exclusión total, desde el punto de vista ecológico y ambientalista, del uso y beneficio de los recursos que potencialmente forman parte de los océanos del mundo, sino que en forma responsable llevar a cabo un uso, que permita por un lado satisfacer las reales necesidades del mundo, y por el otro, tomar las medidas necesarias que permitan mantener el recurso explotado, con procesos de explotación que pudiesen realizarse, en forma más o menos armónica con la naturaleza, única manera, de no convertir por ejemplo, los mares adyacentes de los países ribereños, en un gran basural.
Administrador del borde costero
El uso y explotación de los ambientes marítimos, constituyen una temática demasiado amplia, por lo cual es necesario circunscribirla para poder realizar un análisis del aspecto que se pretende resaltar, que se refiere a las aguas, playas y terrenos de playa, de lo que se conoce como borde costero, tema de necesaria actualidad, que ha concitado el mayor interés de parte del Estado de Chile, en consideración a la gran diversidad de usos que se dan en éste, de los cuales se desconocen mayores datos, tales como, espacio realmente ocupado, necesidad del uso, nivel de impacto sobre el medio ambiente, medidas de mitigación de aportes contaminantes, etc.
Como es posible percibir, son numerosos los usos que se pueden dar a lo largo de nuestro extenso litoral, muchos de los cuales, en el intento por lograr sus particulares objetivos, van en desmedro de los objetivos de otros, generándose conflictos, que la mayoría de las veces no encuentran una fácil solución. Frente a esta realidad, corresponde al Estado, mediante el Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SS.FF.AA.), – que tiene tuición legal sobre estas áreas costeras-, intervenir y regular los diferentes usos, como una manera evitar los conflictos entre usos; presentes y futuros.
Frente a la acción del Estado y de su administración sobre el borde costero, existen diferentes cuerpos legales y reglamentarios, que tienden a normar desde sus respectivas competencias los usos que corresponde autorizar; respecto de esto, es posible apreciar, que entre estos mismos cuerpos legales existe a veces diferencias relativas a determinados asuntos, por lo cual, se requiere necesariamente de una instancia que permita establecer una coincidencia desde el punto de vista legal, apuntando a un objetivo más integrado y racional llegado el momento de autorizar una ocupación en el borde costero.
En los últimos tiempos, la opinión pública, poco a poco, ha ido tomando conciencia de esta temática, como consecuencia de usos ya consumados en el borde costero, los que permanentemente están originando conflictos entre usos o de gran afectación para el medio ambiente, lo que ha llevado a la idea, de lo imprescindible que es llevar a cabo, desde un punto de vista científico-tecnológico, una investigación de la realidad costera, con el fin de constatar, cuáles son en efecto, los usos a los que esta se encuentra sometida, única manera de verificar como se está impactando el medio y facilitar de este modo las acciones correctivas, según corresponda.
Una vez estudiada la realidad del borde costero, y con un diagnóstico en mano, corresponde que el Estado se encargue de regular los diferentes usos, ya establecidos o solicitados; tarea de regulación que le compete, la que como es lógico de suponer, dado lo extenso de nuestro litoral, es de gran complejidad y dificultad; considerando que recién se está en la instancia de generar las herramientas legales y normativas para ello, lo que en la práctica, ha demostrado que para que esto sea efectivo, requiere de bastante tiempo.
En relación con lo anterior, el Ministerio de Defensa Nacional asumió esta tarea por intermedio de la Subsecretaría de Marina, actual, Subsecretaría para las Fuerzas Armada (SS.FF.AA.), para lo cual promulgó el D.S. (M) N°475 de 1994, que “Establece Política Nacional de Uso del Borde Costero del Litoral de la República y crea Comisión Nacional que indica”, que da a conocer procedimientos y medidas que serán adoptadas, para poder investigar en forma científica la realidad del borde costero, desde el punto de vista de los usos preferentes actuales y futuros. Para dicho efecto, se creó la llamada “Comisión Nacional de Uso del Borde Costero”, cuya función es precisamente proponer, al presidente de la República, acciones que impulsen e implementen la Política Nacional de Uso del Borde Costero.
Según el D.S.(M) N°475 de 1994, “Borde Costero del Litoral”, es aquella franja del territorio, que comprende los terrenos de playa y fiscales situados en el litoral, la playa, las bahías, golfos estrechos y canales interiores y el mar territorial de la República, que se encuentran sujetos al control, fiscalización y supervigilancia del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas – ex Subsecretaría de Marina.
Dentro de las funciones de la Comisión Nacional de Uso del Borde Costero (CNUBC), destaca la de proponer una zonificación de los espacios que conforman el Borde Costero, como también la solución de controversias.
Por mucho tiempo y por desconocimiento, Chile mantuvo una política poco definida en relación a los usos y ocupación de terrenos y aguas del Borde Costero, permitiendo una situación de crecimiento y ocupación irracional, parecida a la que se produce en aquellas ciudades que crecen en el más completo desorden urbano.
Es dable pensar entonces, que aún se está a tiempo para evitar una crisis de proporciones, producto de ocupaciones inadecuadas del Borde Costero, para lo cual se requiere aplicar una adecuada administración y una potente fiscalización -que es lo que falta-, de los diferentes usos propuestos en éste; con el fin de que pueda preservarse en el tiempo, constituyéndose en un futuro auspicioso, para una gran diversidad de actividades adecuadamente reguladas -pesqueras, turísticas y recreacionales, acuícolas, inmobiliarias, etc.-
Como es posible apreciar, son muchas las actividades que pueden desarrollarse en esta angosta franja de costa y agua, las que sin duda aportan a un mayor desarrollo del nivel comunal, regional y nacional; pero también, como es lógico, aportan elementos de deshechos producto de la actividad realizada, lo que pone en primer plano, la problemática fundamental relacionada con la conservación del ecosistema costero, que corre el riesgo de ser gravemente alterado, si es que no se toman medidas que permitan controlar y minimizar las diferentes formas de contaminación, generadas por la actividad económica en estas áreas del litoral costero. Un buen ejemplo lo constituye, la existencia de las llamadas “zonas de sacrificio” en diferentes lugares del país, que por la saturación de innumerables actividades económicas, las han convertido en zonas saturadas, donde la vida de las comunidades que en ellas viven, se ha convertido en un verdadero infierno, sin que al parecer a nadie le importe; siendo el caso de Quintero – Puchuncaví, que por más de cincuenta años, ha estado sometida a permanentes crisis ambientales, las que, ya estando en el siglo XXI, siguen más presentes que nunca, sin que se visualice una real solución.
Acerca del manejo costero
Para emprender acciones de “manejo costero,” siempre es adecuado, conocer experiencias realizadas por otros países en este tema, lo que constituye una gran ayuda, para los manejos e investigaciones a realizar en nuestro país, evitando así, repetir experiencias ya probadas como fallidas, permitiendo de este modo, canalizar y reforzar de mejor forma los programas contemplados para ese efecto.
Para interactuar de mejor manera con la realidad costera, es importante poder diferenciar, las variables que forman parte de esta, como son; la realidad física -marítima y terrestre-, realidad humana circundante -comunidad del sector-, realidad científica de la región -organismos estatales, universidades, institutos, etc.-, que operan en el sector costero mediante proyectos e investigaciones.
El éxito de cualquier política de manejo, que tenga que ver con cambios en las formas y costumbres, que por siempre se han dado en las comunidades costeras, dependerá de la acción interactiva e integrada de estos componentes. En otras palabras, significa una clara participación de la comunidad, en la elaboración y desarrollo de planes de manejo pensados para dichos sectores.
En relación con la definición de Borde Costero, mencionada anteriormente, es posible constatar en ésta una cierta estrechez, pues sólo considera aquellos espacios marítimos y terrestres ubicados entre el límite externo del Mar Territorial de 12 millas náuticas por el Weste y el límite impuesto por los terrenos de playa, de 80 metros a partir de la línea de más alta marea al Este, lo que deja en evidencia una falencia desde el punto de vista de la afectación de esta franja de territorio, de parte de otros espacios y ambientes de continuidad geográfica, como son las cuencas hidrográficas, que constituyen un nexo real con el Borde Costero.
En este contexto, podría decirse, que el Borde Costero tiene como otra de sus partes a todo un sistema de cuencas, que indudablemente tienen un impacto directo y fuerte sobre el ambiente costero, siendo el caso de la Cuenca del Bío-Bío, que arrastra una gran cantidad de contaminantes aportados por el río y canales que desembocan en ésta y que definitivamente llegan al mar.
De lo expresado, se infiere la imperiosa necesidad de contar con un catastro general que nos permita conocer todos aquellos sectores, que en la actualidad están sometidos a diferentes niveles de contaminación, como también, de los que estarían por caer en esa misma condición. El contar con esta información, permitiría a los organismos responsables, hacer un balance que diagnostique el nivel de contaminación que aportan los diferentes usos que actualmente están autorizados por el Estado.
La prevención de situaciones que pudiesen alterar el equilibrio natural del Borde Costero, es de primera importancia, acción que debe ser asumida por el Estado, en cumplimiento de su rol, mediante los organismos a los cuales por ley de la República les compete la responsabilidad de velar por la mantención de los ambientes terrestres y acuáticos.
Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere disponer de una base de datos georreferenciada, con acceso generalizado, que permita un acceso rápido a la información, de manera que se pueda obtener un panorama más o menos claro, de la situación que presenta cualquier área que se desee consultar; con el fin de enfrentar situaciones de planificación respecto de los usos preferentes en existencia y por establecerse a futuro. Esto beneficiará a todos aquellos organismos con tuición sobre estas áreas, previendo posibles conflictos con usos ya establecidos y la saturación del sector.
Lo ya mencionado, sin duda, facilitará que se disponga de una política clara de control y fiscalización de lo ya autorizado, como de las exigencias para aquellos interesados en acceder al uso de este recurso natural, en beneficio de una óptima administración de este frágil recurso, por parte del Estado de Chile.
Finalmente, y considerando lo anterior, es preocupante ver como pasan los años, exactamente 28 años, desde que fuera publicado el D.S.(M) 475 de 1994, mediante el cual, con mucho ánimo, se ordenó comenzar con los estudios que permitirían echar las bases para la elaboración del proceso de zonificación del Borde Costero, para cada una de las regiones de Chile. Habiendo transcurrido todo este tiempo, cuesta entender el porqué de tanta demora- casi tres décadas- habiéndose logrado hasta el presente año 2022, solamente la promulgación, mediante decreto supremo, de dos regiones -Aysén y Coquimbo-, encontrándose aprobada, pero no decretada la Región del Bío-Bío. Como esta situación no puede seguir extendiéndose en el tiempo, es necesario que el nuevo gobierno tome cartas en el asunto y acelere estos procesos porque de ello depende el progreso y el desarrollo de nuestro país.
