Por Silvio Becerra Fuica
Profesor de Filosofía
Los últimos eventos de contaminación ocurridos en el área de Quintero-Puchuncaví (Ventanas), fueron el elemento gatillador que obligó al Gobierno a sacar a la luz pública una importante declaración relacionada con el cierre de la planta de fundición perteneciente a Codelco, la que, en palabras de la ministra de Medio Ambiente, es la responsable de aportar al ecosistema un 62 % de contaminación por dióxido de azufre.
No obstante, esto, aplicando una mirada responsable, hay que reconocer que esta fundición es solo una, de la totalidad de empresas estatales y privadas instaladas en este parque industrial, donde, como lo han demostrado los hechos a lo largo del tiempo, cada una de ellas tiene a su haber un extenso historial relacionado con la contaminación ambiental —de diferentes tipos— que han afectado en el pasado y en el presente la prístina realidad de tierra, agua y aire, que alguna vez fueron expresión de un medio ambiente apto para la vida humana en la penosa llamada Zona de Sacrificio.
Al respecto, la mentada ministra manifestó que esta acción es una de las primeras medidas concretas, en el ámbito de lo que llamó “el primer gobierno ecológico de Chile,” lo que hace consecuencia con lo ofrecido por el presidente en el respectivo programa de Gobierno.
Si bien esta es una medida razonable, no deja de tener una gran complejidad, pues en su realización está involucrado un abanico de aristas que se verán afectadas de forma inmediata; siendo una de ellas el aspecto social, el económico y el ambiental por supuesto.
El Presidente, como una manera de tranquilizar a los trabajadores afectados por esta medida, y como una forma de entregarles certeza al respecto, enfáticamente ha remarcado por los medios de comunicación que los trabajadores no sufrirán las consecuencias debido al cierre de esta planta, señalando que todos estos serán reubicados, cumpliendo funciones en la misma empresa; en esta oportunidad no va a ocurrir lo que aconteció con el cierre de actividades de la minería del carbón en Lota, donde con sus trabajadores, aún considerando las medidas de reconversión laboral que se aplicó para estos trabajadores, no se logró un buen final para estos, donde la gran mayoría de ellos terminó realizando labores bastante alejadas, de lo que fue el trabajo de toda su vida —el carbón—, como por ejemplo el oficio de peluqueros.
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Según lo que ha dicho el presidente Boric, y que apunta al hecho de dar transparencia al proceso que está por comenzar, los trabajadores de la fundición tendrían dos opciones, entre las cuales podrían elegir una, según les parezca; una de ellas se refiere a la reinstalación de cada trabajador en otro lugar de la empresa, en condiciones laborales similares a las que tenía al momento del cierre; la otra es ofrecerles un plan especial de retiro, que les permita jubilarse, en condiciones que no resulten lesivas para sus intereses de vida futuros.
Como ya se ha dicho, en forma reiterada, el proceso de desmantelamiento de las instalaciones de la fundición es un proceso lento que podría durar hasta cinco años, lo que no deja de ser una preocupación y molestia para las comunidades aledañas, pues si bien es cierto se reducirán en gran parte las emisiones de dióxido de azufre, estas aún se mantendrían en un porcentaje cercano al 40 %, producto del funcionamiento de otras plantas que aún siguen en trabajo, lo que para el hombre común y corriente aparece como un contrasentido.
Motivo por el cual se reclama al Gobierno que estas también sean objeto de estudio para ser consideradas en procesos de cierre no tan lejanos, de acuerdo a consideraciones que tienen que ver por ejemplo, con la megasequía que vive nuestro país, que afecta directamente a la generación de energía eléctrica, de la cual dependen el funcionamiento de procesos vitales para el desarrollo del país, como para la mantención de las condiciones mínimas y necesarias para la calidad de vida de la población.
En este proceso se encuentran involucrados en forma directa tres partes interesadas, que son el Estado histórico, las comunidades que habitan los territorios afectados por la contaminación, y los trabajadores de la empresa afectada, que son la fuerza de trabajo que permite su funcionamiento.
Como es posible apreciar, el problema fundamental y que lleva a la situación actual de cierre de la fundición radica en el problema ambiental generado por su mal funcionamiento, el que al día de hoy es definitivamente insostenible, por lo cual, el éxito de esta medida dependerá en gran parte, de la participación equilibrada de consenso y de colaboración —como diría Humberto Maturana— de las tres partes ya mencionadas; sin esto, es posible que el cierre se realice, pero quedarían puntos pendientes que con el paso del tiempo podrían acarrear a futuro consecuencias sociales y económicas, que darían paso a nuevos frentes de conflicto.
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En este contexto, los trabajadores de Codelco afirman que el Gobierno se equivocó con esta medida, pues significa un alto costo económico para el Estado, el que podría obviarse mediante un plan de reparación y actualización tecnológica de la fundición, menos costoso, que permitiría disminuir las emisiones al nivel permitido por las normas ambientales internacionales.
Si nos ubicamos en el lugar de los trabajadores, es comprensible que la preocupación por sus lugares de trabajo marque fuertemente la crítica hecha al Gobierno —lo que es bastante humano— pero al mismo tiempo y con proyección de futuro, es dable reconocer que hacer una mantención a la fundición en las condiciones actuales, aunque sea del mejor nivel tecnológico, no sería la solución definitiva del problema; pues se da el caso de que aún no se conoce la totalidad de agentes contaminantes existentes en Quintero-Puchuncaví.
Son muchas las opiniones que se han vertido acerca de la decisión tomada por el actual Gobierno para el cierre de la fundición de Ventanas.
Entre estos están los ecologistas, que la ven como un primer paso en la dirección de ir enfrentando en forma real los temas de contaminación ambiental, que por más de cinco décadas se han vivido en esas comunas, pues la fundición es solo una de la totalidad de empresas contaminantes que se encuentran instaladas en el área afectada, motivo por el cual cada una de estas empresas, también debería ser sometidas a un proceso de evaluación ambiental renovado, que sea capaz de cumplir con los estándares más altos, que midan con eficiencia máxima cuáles son las verdaderas emisiones de cada empresa.
Esto significa que todas estas empresas tendrían que cumplir con estas medidas de evaluación de impacto ambiental, pues algunas de estas, por su antigüedad, nunca les fue exigida una norma como esta, pues aún no existía la autoridad ni la norma ambiental actual.
Otras empresas disponen de su respectiva evaluación de impacto ambiental, pero dados los reiterados eventos contaminantes provocados por estas mismas, han demostrado que deben ser sometidas a la actual normativa ambiental, de manera que puedan cumplir sus funciones de mejor manera, mediante la aplicación de medidas efectivas ante posibles contingencias contaminantes.
Finalmente, todos esperamos que la medida de cierre de la Fundición de Ventanas aplicada por el Gobierno pueda llegar a buen término para bien de todos los ciudadanos y en especial para las comunidades de Quintero y Puchuncaví, que han sufrido directamente el flagelo de la contaminación ambiental.
Si llevamos esta situación al ámbito de la medicina, parafraseando, se puede decir que “si una herida profunda de tejido humano, no es bien tratada, desinfectada y adecuadamente zurcida, al cabo de un poco tiempo la herida se abrirá nuevamente y en proporciones mayores, lo que obligaría a una segunda intervención que nadie quiere.”
