En el marco de la reciente conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el pasado 12 de junio, La Región Hoy conversó con las seremis del Trabajo y Previsión Social de Valparaíso, Susana Calderón Romero; y su par de Desarrollo Social y Familia, Claudia Espinoza Carramiñana, quienes se refirieron a la labor realizada por la institucionalidad pública en esta materia, así como también los principales desafíos para en esta materia para el corto, mediano y largo plazo para los ministerios que ambas representan en toda la Región de Valparaíso.
A modo de contexto, recordemos que en 1990 el Estado chileno ratificó la Convención de los Derechos del Niño de UNICEF, y se comprometió a establecer dicha labor como una política pública transversal a los gobiernos y administraciones respectivas, en virtud de su suscripción a distintos tratados internacionales con instituciones como la Orgnización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La conmemoración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil se lleva adelante desde el año 2002. ¿El objetivo? Destacar la labor conjunta que, en todo el mundo, distintas organizaciones públicas y privadas llevan adelante para erradicar este flagelo, el cual actualmente y según cifras de UNICEF, afecta a alrededor de 150 millones de niños, niñas y adolescentes en todo el planeta.
Tanto a nivel regional como a nivel país, el Estado, a través de la Subsecretaría del Trabajo, cuenta con un Comité multisectorial que es compuesto por distintos organismos e instituciones de gobierno, policías, municipios, del mundo privado y otras- y que es encabezada, en el caso de la Región de Valparaíso, por la Seremi del Trabajo y Previsión Social.
—Actualmente, ¿cuál es la situación sobre casos de trabajo infantil en nuestro país?
Susana Calderón Romero (SCR): «Según cifras de la Dirección del Trabajo, a nivel país, entre los años 2017 y 2021 se realizaron un total de 2.947 fiscalizaciones ante presuntos casos de trabajo infantil, se recibieron 408 denuncias por este tema, y se cursaron 1.195 infracciones en todo Chile, las cuales implicaron multas cercanas a los 1.520 millones de pesos durante dicho período.
Estas cifras, nos demuestran que debemos seguir a pie firme avanzando en la prevención de este fenómeno, para lo cual debemos avanzar tanto en el desarrollo de mas y mejores herramientas normativas, como en generar consciencia social sobre este tema».
En ese sentido y en lo más inmediato, ¿cuáles son las acciones que se han realizado para reforzar el resguardo de la protección de los niños, niñas y adolescentes frente al trabajo infantil?
SCR: “Recordemos que el 1 de junio de2021, entró en vigor la ley 21.271, que adecúa el Código del Trabajo para asegurar una mayor protección de niños, niñas y adolescentes, a través del fortalecimiento de las normas, la actualización del reglamento que establece un listado de trabajos considerados como “peligrosos”, la fijación de directrices para empleadores y establecimientos educacionales, la adecuación a los estándares internacionales, entre otras acciones. Esto es sumamente importante ya que no solamente moderniza la normativa, sino que en la práctica, entrega mejores herramientas para la detección de posibles casos de este tipo de vulneración de derechos”.
Nueva institucionalidad y desafíos
A fines del año pasado se promulgó la ley que creó el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido popularmente como “Mejor Niñez”), institución pública dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual a diferencia de su antecesor (Servicio Nacional de Menores, SENAME), tiene por objetivo poner el foco en los niños y sus familias, dejando de lado la perspectiva puramente judicial de los procesos familiares, o la criminalización de los jóvenes infractores de ley. En ese sentido, la Seremi de Desarrollo Social reconoce que hay una correlación directa entre distintas condiciones contextuales, y el arrastre que niños y niñas sufren hasta caer en este fenómeno.
—¿Cuales son los principales desafios de la nueva institucionalidad del Servicio Mejor Niñez, y como este abordará la prevención del Trabajo Infantil en la Región y el pais?
Claudia Espinoza Carramiñana (CEC): “Sobre el trabajo infantil y los principales desafíos podemos decir que tienen que ver con garantizar las condiciones para evitar las situaciones de trabajo infantil y que las familias no se vean obligadas a generar instancias de actividades que no promuevan el desarrollo de niños y niñas. Igual es relevante mencionar que hay actividades y comunidades y territorios donde los niños participan de las actividades productivas, como ocurre en espacios vinculados con ruralidad o labores del campo, que eso está fuera y es necesario considerarlo y valorarlo en ese contexto territorial para no penalizar o sancionar inmediatamente, sin un análisis pertinente, este tipo de acciones».
—Qué debemos hacer como país para avanzar en el cambio cultural en torno al trabajo infantil?
CEC: «Primero debemos fortalecer la perspectiva de derechos de la niñez y considerarlos como sujetos protagonistas, sujetos de derechos y poder identificar las peores formas de trabajo infantil, que son las condiciones de mayor explotación, que son situaciones de vulneración de derechos graves y poder distinguirlas de otras que no necesariamente ponen en riesgo las posibilidades de estudio o las posibilidades de ejercicios de derechos.
Dentro de los principales desafíos del Gobierno del Presidente Boric para erradicar el trabajo infantil yo pondría en primer lugar el tener estas consideraciones culturales, e instalar las lógicas de derechos de la niñez en todos los ámbitos, que permitan y promuevan mejores condiciones de vida para niños y niñas y, por sobre todo, combatir situaciones que están a la base del trabajo de niños y niñas. Además, es necesario que el análisis de esas condiciones se haga también con la participación de niños y niñas para poder comprender las particularidades y complejidades que tienen sus vidas y no reaccionar con lógica punitiva ante situaciones sociales que pueden ser de alta complejidad, pero siempre teniendo en el horizonte la Ley de Garantías de Derechos de la Niñez».
Finalmente, cabe destacar que desde 2018, la OIT en conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuenta con un modelo de identificación de riesgo de este fenómeno, el cual determina un índice de vulnerabilidad el cual permite medir definir la presencia y existencia de trabajo infantil en distintos territorios, considerando factores como la actividad y orientación económica, la escolaridad, distancia con los centros urbanos, entre otros. Dicho instrumento puede encontrarse en https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/47896/1/S2200347_es.pdf.
