En el 2019 el Presidente Sebastián Piñera evaluaba seriamente clausurar la fundación Ventanas, aunque por la complejidad del proceso, más el Estallido Social del 19 de octubre de ese mismo año, lo hizo desistir. Anteriormente, en el Gobierno de Michelle Bachelet, el entonces presidente de Codelco, Óscar Landerretche, alertaba sobre el problema que suponía el funcionamiento de una instalación que —al igual como ocurre con las otras fundiciones— era impropia para el siglo XXI, cuya caducidad no ya solo impactaba en el alza de los costos operativos, sino que además generaba un serio costo reputacional a la compañía por sus efectos en el medioambiente y la salud de las personas, se consignó en el diario electrónico El Mostrador.
En el mismo medio explican que «la clausura de Ventanas era, y así lo aclara Landerretche en su libro Hacia un nuevo pacto (2021), una decisión ciertamente necesaria, pero postergada en virtud de los dolores que previsiblemente generaría el anuncio, situación que —en opinión del académico— viene a poner en relieve uno de los grandes vicios de la política chilena, que se ha visto incapaz de traducir este tipo de desafíos en oportunidades proclives a impulsar a Chile hacia nuevos niveles de desarrollo.
«Por cierto —agregan— el expresidente de Codelco pone el foco de su análisis en la problemática contaminante de sus fundiciones y el temor que implica asumir los costos que entraña la adopción de decisiones complejas y dolorosas, como es, en efecto, el hecho de cortar con inercias operacionales y organizacionales que resultan lesivas para las perspectivas futuras de la compañía».
Bicicletas financieras
Otra arista que se expone en este reportaje, y que aclara el pasado, presente y futuro de esta planta es que «como es que se obligó a Codelco a adquirir una fundición obsoleta a la Empresa Nacional de Minería (ENAMI), asumiendo así sus pérdidas. De acuerdo a Landerretche, lo que hizo el Estado de Chile fue utilizar recursos de la cuprífera estatal para salvar indirectamente a ENAMI, una empresa que —según recuerda el expresidente de Codelco— estaba ‘encargada de administrar un subsidio público a la pequeña y mediana minería, consistente, teóricamente, en generar economías de escala para el refinamiento de cobre al que estas empresas no pueden acceder (las fundiciones y refinerías son, por definición, grandes), pero en realidad combinado con garantías de precios, créditos blandos, bicicletas financieras y préstamos que, en muchos casos, no se pagan”.
Hay otro elemento complicado que afirma Landerretche en su libro: «En esta ecuación: bajo el paraguas de Enami operan, disfrazadas de pymes, algunas de las más grandes fortunas mineras del país, la mayoría de las veces con relaciones muy íntimas con parlamentarios de sus zonas… de lado y lado”.
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