Por Viviana Donoso
Académica de la Carrera de Trabajo Social, UDLA Sede Viña del Mar
La Encuesta Social de Hogares, más conocida como la Ficha de Protección Social, comenzó a ser implementada gradualmente en enero de 2016 y es el instrumento utilizado para calificar socioeconómicamente a los chilenos. Es un rango porcentual que incluye información como: constitución del hogar, antecedentes del domicilio, ingresos económicos, entre otros.
Este instrumento tiene la función elemental de realizar un filtro para asignar los diferentes beneficios que se encuentran en la Red de Protección Social del Estado a las personas. Esto último, ha cobrado una relevancia mayor en los últimos años en que nuestro país se ha visto enfrentado a la crisis socioeconómica producto de la pandemia por Covid-19 y la inflación actual.
Tanto el gobierno anterior como el actual se han visto interpelados a realizar mejoras a este instrumento, con el fin de evitar otorgar beneficios a quienes no lo necesitan en desmedro de aquellos que sí lo ameritan. Se requiere de una base de datos que esté vinculada a las diferentes instituciones que nutren con datos fidedignos y actualizados, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Fonasa, isapres, el Conservador de Bienes Raíces, entre otros.
El desafío es lograr un sistema integral, actualizado, con información fidedigna y que permita a todos acceder de manera simple a los diferentes beneficios que posee el Estado.
