En la madrugada del 21 de marzo, más de 50 armas fueron robadas desde el Instituto de Investigaciones y Control del Ejército. Ello, pese a que el recinto contaba con amplia seguridad entregada por personal castrense, carabineros y gendarmes.
En este plano, la resolución 116, aprobada en la Sala de la Cámara por 78 votos a favor, 36 en contra y 20 abstenciones, llama al Presidente de la República y a las ministras de Defensa y de Justicia a tomar las providencias tendientes a lograr que este robo lo investigue el Ministerio Público.
Igualmente, se pide que la causa se radique y juzgue, eventualmente, en los Juzgados de Garantía y Tribunales Orales en lo Penal. Esto, en orden a garantizar a la opinión pública la transparencia del proceso.
Además, se propone que se impulsen las medidas legislativas necesarias para que cualquier delito en que se sospeche fundadamente la participación del crimen organizado, aunque sea cometido en recintos militares, sea investigado por el Ministerio Público. Ello, sin que sea necesaria la acreditación de la participación de civiles en su comisión. Así, se espera privilegiar la protección de la sociedad y la publicidad del procedimiento por sobre cualquier otra consideración.
En este contexto se explica que parte de la investigación se derivó al Ministerio Público, en orden a una presunta participación de un civil. Sin embargo, el resto de los peritajes estarían a cargo de la Fiscalía Militar, por la posible participación de personal institucional.
