El 6 de diciembre de 2018 Amanda Rojas fue encontrada sin vida en su departamento, en el sector de Placeres en Valparaíso.
Un caso que en ese entonces se transformó en todo un misterio, pues no había pistas claras sobre la muerte de la joven oriunda de Magallanes.
Investigación que cambió su curso luego que la Policía de investigaciones (PDI) detuvo a Claudio Martínez, expareja de la mujer, quien le habría propinado cinco heridas cortopunzantes en el cuerpo, todas vitales.
El pasado viernes se terminaron los alegatos en el Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso y Pablo Avendaño, fiscal que lleva el caso, entregó esta tarde a la prensa su visión jurídica respecto del tema: «Fue una larga y compleja investigación y evidentemente estamos tranquilos y conformes por el resultado, pues el Tribunal dio como acreditado todo y cada uno de los hechos por los cuales nosotros acusamos. Hay una diferencia en la calificación jurídica, pero lo que dice relación con nuestra tarea fundamental, cual era acreditar hechos para que el Tribunal resuelva, entendemos que se ha cumplido su objetivo”.
Fundamentos
En esa misma línea afirmó que “hay que esperar la sentencia para ver los fundamentos del Tribunal, por qué llega la calificación por la cual se ha condenado. Reiteramos que estamos tranquilos y satisfechos, más aún cuando el veredicto destacó la robustez de las pruebas presentadas por la Fiscalía”.
Sostuvo que “considerando los delitos por los cuales el Tribunal en definitiva condena, nosotros por el homicidio simple solicitamos la pena máxima, de 15 años de presidio mayor en su grado medio, entendiendo que solo concurre una atenuante, una agravante, por lo tanto el Tribunal está habilitado para recorrer todo el marco legal. Y considerando la circunstancia misma de la muerte de Amanda y los efectos que produjo además en su familia y todo el circula de personas queridas, nosotros estimamos que la pena que corresponde, que es la mayor, es la de quince años”.
Hurto y mal uso de tarjetas
“Respecto del hurto —añadió—, también entendiendo que se puede conformar una agravante, hemos solicitado la pena máxima de tres años más la multa de 10 unidades tributarias mensuales; y respecto del delito indebido de las tarjetas de pago también solicitamos la pena máxima de tres años, más la multa correspondiente”.
Para Avendaño “si bien el imputado se presentó a declarar en tres oportunidades, incluyendo la diligencia de la reconstitución (de escena), nunca quiso colaborar como lo exige la atenuante. Y no solo colaborar, sino que nunca hubo una colaboración, el imputado siempre negó haber dado muerte a Amanda, como el Tribunal lo dio como acreditado».
Añadió que «el imputado omitió la información inicial de que había sustraído especies y de haber hecho uso de las tarjetas… y solo lo viene a reconocer después, cuando se le enfrentó con las evidencias que teníamos de estas operaciones de las tarjetas de crédito. Por eso nosotros estimamos que no corresponde esta atenuante, y si bien la defensa hacía alusión a la entrega de una muestra para los cotejos de ADN, nosotros también entendemos que es una circunstancia que el imputado realizó en el entendido de que con ello no se iba a acreditar su participación; y además porque, ciertamente, en caso de que se hubiera negado, nosotros hubiéramos requerido la autorización judicial para ello».
