El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), junto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entregó un catastro con el número de campamentos en el país. El estudio señala que el 51% de los habitantes de estos lugares son mujeres y el 36 % son migrantes, y que desde 2019 se han levantado 355 campamentos nuevos.
Según el reporte, se estima que hay 1.091 campamentos, existen casi 72 mil hogares en su interior y el promedio de personas por hogar es de 2.9. La región con más asentamientos de este tipo es Valparaíso (255), seguida de Biobío (156), Metropolitana (142), Atacama (106) y Antofagasta (85).
A raíz de las preocupantes cifras sobre esta situación que refleja la vulnerabilidad en que viven miles de personas en Chile, la diputada de la Comisión de Desarrollo Social, Carla Morales, solicitó la colaboración del BID y la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que puedan asesorar a nuestro país en esta materia, y sugerir planes que permitan ir superando el déficit habitacional que existe actualmente.
“Las causas del aumento de campamentos en Chile se deben a diversos factores como el aumento de la pobreza, alza de precios en los arriendos, poca disponibilidad de ingresos, altos costos en la vivienda, personas migrantes que después de tres años en Chile no pueden acceder a una residencia digna, siendo que el 42% de este grupo señala tener permanencia definitiva. Es inaceptable que ciudadanos vivan, se desenvuelvan y se desarrollen en condiciones paupérrimas que no garantizan derechos sociales básicos en su vida. Estamos en una situación sin precedentes y debemos buscar asesoría internacional, porque parecería que nos está superando y que se agrava con los años a medida que también empeoran las condiciones económicas”, comentó la parlamentaria por la Región de O’Higgins.
En la misiva a los organismos multilaterales, la congresista profundizó en los motivos que existen para que las personas tengan que llegar a estos asentamientos humanos irregulares que no cuentan con las condiciones mínimas, y dignas para vivir con sus familias.
La representante de RN argumentó que “vivir en tal contexto, impide la seguridad jurídica de la tenencia de un hogar, la disponibilidad de servicios básicos mínimos, materiales e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, accesibilidad económica, una localización adecuada, y por supuesto, una adecuación cultural, parámetros que la ONU ha establecidos como ejes principales para la vivienda adecuada en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Generales, el cual fue ratificado por el Estado de Chile en 1972”.
Por último, la congresista impulsó a los organismos internacionales a mantener contacto con ella y las autoridades del país para seguir analizando esta problemática y buscar medios de ayuda para solucionarlo, considerando experiencias internacionales y casos de éxito que pueden replicarse en Chile.
Fotografía: Andrés Pérez (La Tercera).
