El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió esta mañana a la compleja situación que está viviendo una familia propietaria de un fundo en Quillota, hoy tomado ilegalmente por cientos de personas.
Se trata de la familia Easton, que vio cómo este año fueron usurpadas 120 hectáreas de su territorio, en las que los intrusos construyeron casas, hicieron caminos, pavimentaron y hasta establecieron el servicio eléctrico. Pero además, las autoridades locales descartaron intervenir en el asunto.
«En rigor lo que corresponde es que el propietario se querelle, que se inicie un proceso, el Ministerio Público tiene la principal responsabilidad de actuar. Personalmente, creo que además, el alcalde y delegado, si bien no les corresponde intervenir en el proceso, tenemos que asumir que es un problema serio y tenemos que ver de qué manera hacer ver a la opinión pública, que son situaciones que no pueden aceptarse», comentó el ministro en EmolTV.
Sobre esto, Montes acotó además que la situación no es comparable con la de familias que viven en campamentos, sino que son tomas «de otro perfil».
«Son sectores de mayor ingreso, que tienen mejores condiciones, que les gusta un terreno que dicen ‘nos queremos venir a vivir ahí, si los dueños nos quieren vender, pagamos’. Es una forma de provocar a otros», dijo.
En cuanto a las responsabilidades locales, el secretario de Estado remarcó que también recaen en la Dirección de Obras Municipales y en la Seremi y que estaban viendo «cómo reaccionar», porque se trata de construcciones que no están permitidas para las personas regularmente.
«Hay una dificultad para asumir realidades que son nuevas, esto no es común, por lo menos en zona central. Desde mi punto de vista es necesario reaccionar, el Estado y los organismos están sorprendidos con una forma que no era la habitual, aquí no solo es reaccionar frente a la toma, hay otros procesos, son accesos, es todo», expuso.
En ese marco, Montes declaró que «no está ocurriendo solo aquí, hay otras modalidades» y se refirió al poblamiento de las llamadas «parcelas de agrado».
«Es un loteo brujo, es ilegal, mucha gente cree que puede cometer irregularidades y no ha habido una reacción oportuna y adecuada de los organismos públicos. Eso es parte de lo que estamos discutiendo, porque no puede hacerse», concluyó sobre este tema.
Textos de Emol.
Fotografía: BCN.
