La Comisión de Economía despachó el proyecto de ley sobre derecho al olvido en materia financiera. La norma, entre otros puntos, establece deberes, obligaciones y sanciones a las entidades financieras. El texto permitirá que los usuarios puedan acceder a la eliminación de sus datos personales financieros de deuda o morosidades; siempre que no existan razones legítimas para que sean conservados.
El análisis particular se centró tanto en aspectos de forma y fondo. Se aprobaron indicaciones del Ejecutivo en la línea de entregar coherencia al texto con otras nomas y, por otro lado, se precisaron conceptos.
Entre ellos, se hizo referencia al registro histórico de deuda como una definición jurídicamente no definida. Además, se aprobaron indicaciones parlamentarias sobre el título de la iniciativa y sobre la prohibición de entidades financieras de enviar cartas y realizar llamados a deudores.
Los diputados aprobaron que se apliquen multas a aquellas empresas que no eliminen del registro a personas cuyos datos deben ser borrados; así como la venta u otro uso de dicho listado. Pero, se consideró que las reparticiones públicas mantengan estos registros, ya que, por ejemplo, pueden ser importantes a considerar por la Tesorería o la Comisión del Mercado Financiero (CMF).
