El Colegio de Abogados de Valparaíso comunicó su «profunda preocupación» por los cuestionamientos formulados a algunos de los postulantes al cargo de Fiscal Nacional, específicamente a las críticas que han recibido por haber asumido defensas en causas penales polémicas. El organismo señaló que la defensa penal letrada es un derecho y que no se puede identificar al profesional con la persona imputada.
«El Colegio de Abogados de Valparaíso A.G. desea manifestar su más profunda preocupación ante los cuestionamientos que han venido formulándose en el último tiempo, respecto de algunos de las Sras. abogadas y Sres. abogados que se encuentran actualmente postulando al cargo de Fiscal Nacional, en razón de las defensas penales que han asumido profesionalmente», indicaron en su comunicado,
«En efecto, cabe recordar que, en un Estado Democrático de Derecho, la defensa penal letrada es un derecho irrenunciable de todo imputado, sin importar el tipo de delito que se le haya imputado, el cual se encuentra garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, tanto constitucional como legalmente (art. 19 N° 3 CPR y arts. 7 y 93 CPP)»; añadieron los profesionales.
«Por su parte, el sistema acusatorio adversarial consagrado en nuestro actual Código Procesal Penal reconoce a todo imputado la presunción de inocencia (art. 4 CPP) y un conjunto de otras garantías procesales que pretenden, en definitiva, que el enjuiciamiento de una persona sea justo y que su resultado sea producto del delicado equilibrio entre las garantías procesales y la eficacia de la persecución penal», agregaron en el escrito.
«Finalmente, cabe señalar que son precisamente las abogadas y abogados, en su rol de colaboradores del sistema de administración de justicia, los llamados a defender los derechos y garantías concedidas a los imputados, no correspondiendo identificar a la persona del profesional letrado con la persona del sujeto imputado, concluyó el Colegio de Abogados regional.
