Por Jorge Guzmán Zepeda, diputado Evópoli por el Maule.
Es lamentable que el instrumento de la acusación constitucional no sea más amplio en su aplicación, porque si se pudiese acusar y hacer responsable por todas sus conductas a ministros o políticos, seguro que algunos no lograrían ejercer nunca más públicamente.
Imaginemos por un momento, que al ministro Giorgio Jackson se le pueda sancionar por su actuar irresponsable y populista cuando fue diputado, por ejemplo, cuando votó e impulsó más de diez acusaciones constitucionales infundadas en el periodo anterior, una de estas, contra el ministro de Educación por querer volver a abrir los colegios. Hoy, el tiempo le da la razón a ese ministro y vemos las consecuencias de las acciones de Jackson: un terremoto educacional. ¿Y quiénes son los perjudicados? los estudiantes de Chile.
O cuando el entonces diputado Jackson, a cambio de un queque, mantuvo hablando más de 15 horas al diputado Naranjo, en un vergonzoso espectáculo, para llegar a votar una acusación constitucional sin sustento contra el Presidente de la República, en medio de la peor crisis política e institucional que ha vivido el país desde el retorno de la democracia.
El parlamentario Jackson promovió y aprobó reformas que le hicieron un profundo daño a Chile, como es el caso de los retiros, cuyas nefastas consecuencias vemos hoy en los más pobres. Pero no le importó, porque su sector hizo campaña aprobando estos retiros y así consiguieron llegar al gobierno, y, por supuesto, gracias a los réditos que les dejó el estallido social, cuando avalaron y justificaron la violencia que se vivió en las calles de todo el país.
También, en su periodo de diputado, Jackson votó en contra de los proyectos que buscaban entregar seguridad a Chile y protegernos de la delincuencia, como la ley Naín, robo de madera, ley Juan Barrios y varias otras. Su sector expuso al país a la peor crisis de seguridad que nos ha tocado vivir, la cual aún luchamos por superar.
Pavimentaron su camino a La Moneda sobre la base de destruir la institucionalidad, y hoy les toca hacerse cargo de sus propias acciones. Ahora piden disculpas y dicen que las acusaciones, los retiros, los cierres de los colegios y votar en contra de proyectos de seguridad fue un error. Pero sus disculpas no alivian en lo más mínimo el daño que viven a diario los chilenos, producto de la inflación, la delincuencia o el terremoto educacional. Porque, al final, las malas decisiones en política no las pagan los políticos, lamentablemente, las paga la gente y particularmente los más vulnerables de Chile.
Por eso, el instrumento de la acusación constitucional se queda corto en cuanto a responsabilidad política. El actuar desprolijo, demagógico, populista, despreocupado y poco profesional de un político, independientemente del cargo que ostente, debería generar de alguna forma una sanción, porque, si así fuera, en el caso del ex diputado y hoy ministro Jackson, y algunos otros, este no podría volver a ejercer un cargo público.
