Frente a la decisión de la Dirección General de Aguas (DGA), de suspender la atribuciones de los directorios y el seccionamiento del río Aconcagua a las Juntas de Vigilancia de la 1ª y 2ª sección, la senadora Isabel Allende declaró que “La situación crítica que se arrastra desde hace meses respecto a la falta de un acuerdo en la redistribución del Río Aconcagua, ha generado que la DGA use competencias para priorizar el consumo humano, tal como lo dispone la última reforma al Código de Aguas”.
En esa misma línea, la parlamentaria indicó que “La DGA ha hecho esfuerzos por llegar a un entendimiento entre las partes, promoviendo instancias de diálogo y participación desde mayo del 2022, dictando al menos 11 resoluciones que se han ido adecuando en virtud de la disponibilidad del recurso. Sin embargo, durante estos meses el diálogo no ha prosperado entre las partes, y se ha verificado el incumplimiento de redistribución de las aguas en varias oportunidades”.
Asimismo, Isabel Allende planteó que “Por esto, esperamos que el Plan para la Redistribución que ejecutará la DGA -avaluado en una primera etapa en aproximadamente 300 millones de pesos-, comprenda fortalecer también el sistema de monitoreo y gestión de las aguas, junto con robustecer el sistema de denuncias, promoviendo un entendimiento entre las partes para llegar a una solución pronta”.
La senadora Allende concluyó señalando que se debe dar paso a un sistema de gestión de nuestras aguas que asegure el consumo humano, el equilibrio de los ecosistemas y las labores productivas desde una gestión integrada de cuencas: “Debemos avanzar hacia una gestión integrada de nuestras cuencas, tal como lo ha promovido este gobierno, que nos permita cumplir con nuestro Código de Aguas recientemente reformado y poder adecuarnos a un contexto de escasez hídrica y cambio climático cada vez más desafiante para nuestros territorios. El diálogo y los acuerdos deben ser la base para encontrar soluciones al uso de este primordial recurso”.
