La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la resolución 303. En ella se pide al Ejecutivo establecer una política pública que permita la edificación de policlínicos dedicados a la atención de personas transgénero. La idea es instalar estos centros en regiones cuya población supere los 600 mil habitantes.
Como fundamento, se cita la Ley 21.120, que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. Ella fue una lucha de años que lograron sacar adelante personas estigmatizadas y discriminadas.
En la norma se consiguió evitar la prohibición de exigir informes médicos al rectificar sus nombres en el Registro Civil. Se entendió que no se trata de patologías ni trastornos, sino de opciones de vida.
Es decir, se consagró el derecho a la identidad de género. Es se basa en los principios de no patologización, no discriminación arbitraria, confidencialidad, dignidad en el trato, así como el interés superior del niño/niña y autonomía progresiva.
Realidad en salud
A pesar de los avances y a juicio de las y los autores, en diversos centros de salud del país se vive una realidad distinta. Las comunidades LGBTIQA+ tienen que sortear distintas dificultades para ser atendidas de manera digna en Chile.
Se indica que si bien el derecho a la salud debiera ser equitativo para todas las personas, en la práctica ocurre que los distintos centros de salud, a lo largo de todo el país, carecen de especialistas para pacientes transgénero, provocando nuevas formas de discriminación arbitraria.
Sin ir más lejos, en el Distrito 6 y, especialmente en el valle de Aconcagua, se reportaron casos de personas que llevan años esperando por atenciones. Igualmente, sufrieron discriminación a través de la solicitud de informes psicológicos para iniciar sus tratamientos.
La resolución es de las y los diputados PS, Nelson Venegas, Ana María Bravo, Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Emilia Nuyado y Leonardo Soto, más el independiente Tomás De Rementería.
