El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) puso la alerta sobre el proyecto de Ley Naín-Retamal, puntualmente por la legítima defensa privilegiada que tendrían los funcionarios policiales ante situaciones de uso de armas.
En un comunicado dado a conocer en los últimos días, señalaron desde la institución que, como está planteada la propuesta, podría “favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso”. La directora del organismo, Consuelo Contreras, en conversación con El Mercurio, profundizó sobre el recelo que provoca la iniciativa.
“La regulación sobre el uso de la fuerza pública es algo que debe ser abordado de forma autónoma y por una ley, y no de manera discontinua e infrarreglamentaria, como es la situación hoy en Chile. No hacerlo así genera una serie de problemas anexos”, comenzó señalando Contreras.
Tras el diagnóstico, recordó que el organismo que dirige ha insistido en la revisión de la legislación sobre las reglas del uso de la fuerza, “siguiendo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, preocupación y rendición ed cuentas. Pero al mismo tiempo, ha insistido en que debe existir una legislación que dé cuenta del derecho a reunión, en virtud del cual se hacen manifestaciones. Hoy, el artículo 19 N°13 de la Constitución establece el derecho a reunirse pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. En la práctica, no hay ninguna ley que lo regule”.
Así las cosas, insistió en el llamado a revisar la legislación respecto a, primero, el derecho a reunión, y segundo, el de uso de la fuerza.
La igualdad ante la ley está consagrada en el artículo 19 de la Constitución. La legítima defensa privilegiada, explicó Contreras, contravendría el apartado:
“Antes de eximir de responsabilidad, siempre se debe indagar respecto de si los hechos ocurrieron o no en legítima defensa de quien realiza una agresión. Aquí, en cambio, se presumirá la legítima defensa cuando la ejerza un policía, dando por acreditadas cosas que, para el resto de quienes vivimos en Chile, tienen que ser investigadas, esclarecidas y probadas ante un tribunal”.
