Fue balneario popular durante la época del gobierno de Salvador Allende y centro de detención y tortura de la DINA en dictadura. Es la historia del Sitio de Memoria y Monumento Histórico ubicado en el sector norte de la comuna de Santo Domingo cuya restitución al Fisco fue anunciada este lunes, junto con la entrega del permiso de ocupación a la Fundación por la Memoria San Antonio.
Con la presencia de las ministras de Bienes Nacionales, Javiera Toro, y de Defensa, Maya Fernández, y el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Jaime de Aguirre, la presidenta de la Fundación por la Memoria San Antonio, Ana Becerra, el Premio Nacional de Arquitectura 2019, Miguel Lawner, autoridades regionales, organizaciones de derechos humanos y estudiantes secundarios, entre otros, se concretó este hito que se enmarca en la agenda de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado.
En concreto, el ex Balneario Rocas de Santo Domingo que estuvo bajo la destinación del Ejército vuelve al Fisco, y ahora será administrado como sitio de memoria a través de una concesión gratuita a la Fundación por la Memoria San Antonio.
Para la presidenta de la organización, y sobreviviente del campo de detención, Ana Becerra, “al final llegamos a un acuerdo, y la Fundación por la Memoria San Antonio les promete que de aquí a unos años más, este sitio estará convertido en una escuela de Derechos Humanos, ese es nuestro sueño y eso será”.
“Esto no es solo muerte, este es un sitio que tuvo alegría, tuvo su parte oscura, pero que volverá a renacer con las dos partes en conjunto, la historia del sitio y las carcajadas de los jóvenes de la escuela de Derechos Humanos”, añadió la dirigenta.
Con este paso, se cierra un capítulo de abandono por parte del Estado, y se inicia otro de promoción de la memoria histórica y los derechos humanos.
En este contexto, la ministra Javiera Toro destacó que “hoy día recuperamos este sitio y también entregamos la administración a la Fundación por la Memoria San Antonio, para que aquí se pueda erigir un sitio de memoria, pero también de formación, de promoción de los Derechos Humanos. Cuando hacemos memoria no solo estamos saldando una deuda con el pasado, con las víctimas, con los sobrevivientes y con los familiares, sino con la sociedad en su conjunto”.
La ministra de Bienes Nacionales recordó que el inmueble figura en los sitios consignados en las Actas de Chena IV, suscrito con el Ejército, y en virtud de este compromiso institucional se concreta su desafectación como Patrimonio de Afectación Fiscal (PAF), un acuerdo de Estado que estaba pendiente de cumplimiento y que pudo concretarse en esta gestión.
Por su parte, la ministra de Defensa valoró este entendimiento, destacando “la mesa de trabajo con Bienes Nacionales, en este caso con el Ejército, donde se avanza”. Igualmente, subrayó que “sin olvidar nuestra historia, siempre tenemos que tener una mirada de futuro de nuestro país, donde cabemos todas y todos. Yo creo que la sociedad la construimos entre todos quienes habitamos nuestro país, quienes queremos este país”.
En tanto, el ministro De Aguirre relevó que “aplaudimos esta decisión del Ministerio de Bienes Nacionales, pues representa el compromiso del Estado chileno y del Gobierno con la memoria histórica. Es un acto de reparación y justicia con las víctimas de la dictadura y de reconocimiento a las organizaciones de derechos humanos; una acción que este año cobra suma importancia”.
El titular de Culturas además puso el foco en que este hito “forma parte de las actividades de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, que organiza el Gobierno y que coordinamos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, una fecha histórica en la que planteamos un espacio de encuentro y reflexión de la sociedad chilena en torno la memoria, la democracia y el futuro”.
El lugar tuvo un uso original como Balneario Popular durante el gobierno de Salvador Allende, entre los años 1971 y 1973, gestado por el destacado arquitecto Miguel Lawner, ex director ejecutivo de la Cormu (Corporación de Mejoramiento Urbano).
Estos espacios administrados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) eran parte del programa de construcción de viviendas sociales, una iniciativa de habilitación de espacios e inmuebles para la recreación de las trabajadoras y trabajadores chilenos y sus familias.
Las viviendas que quedaban en el lugar fueron desmanteladas en 2013, y desde esa época, la Fundación por la Memoria San Antonio ha trabajado en el cuidado y resguardo del sector, organizando visitas y custodiando la memoria del sitio.
De cara a la nueva etapa, Miguel Lawner vislumbró que “vamos a hacer de este lugar el más hermoso sitio de memoria, vamos a preservar cada una de los restos de los pilotes que es casi lo único que nos va quedando de las construcciones originales. Lo vamos a hacer hermoso como fue este lugar y puesto a disposición de los jóvenes, de los trabajadores, de las mujeres de esta región y de todo Chile en definitiva”.
Para la etapa que viene, existe el compromiso entre diversas instituciones del Estado y de la región en torno al financiamiento y puesta en valor del sitio, junto a la Fundación por la Memoria San Antonio.
