La Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados recomendó a la Sala aprobar las modificaciones hechas por el Senado al proyecto de royalty minero (por la explotación del cobre y el litio) que fue aprobado la semana pasada y que inició su tercer trámite legislativo en el Congreso.
La iniciativa busca generar un equilibrio entre una mayor recaudación fiscal sin que ello signifique desincentivar la inversión minera. Junto a esto, procura aumentar los beneficios para las regiones, sobre todo, para las zonas que sufren las externalidades negativas de la explotación minera.
De acuerdo a lo explicado por los representantes del Ejecutivo, la iniciativa deroga el Impuesto Específico a la Actividad Minera. Así, la tributación de la minería pasará a estar regulada por un cuerpo legal propio.
Al respecto uno de los miembros de este organismo, el parlamentario socialista Nelson Venegas, expresó en la mesa que “aquí en Chile no existe royalty porque nunca se posibilitó, nunca se permitió tener uno porque hay sectores que no quieren tenerlo nomás, porque el royalty grava la renta, y la renta ricardiana es la que produce todo tipo de fuentes de mala distribución de las riquezas en cualquier país”.
Agregó que “cuando los países caen en la dinámica rentista, es precisamente cuando se generan desigualdades estructurales. Por eso se aplican impuestos a la renta y por eso es importante tener impuestos bajo esa perspectiva”.
Venegas expuso que “cuando el año 2004 se presentó un proyecto de royalty minero, éste fue rechazado. Y los mismos sectores políticos que hoy pudieran estar oponiéndose, se presentaron ante el Tribunal Constitucional porque señalaban que no era un tributo, porque un tributo no podía tener un fin específico; y, por lo tanto, lo único que se pudo lograr en ese momento determinado fue tener un impuesto que ni siquiera gravaba la renta sino que la venta después de los costos operacionales”.
“Entonces yo me pregunto: ¿por qué si son recursos escasos, si son de todos los chilenos, los tenemos que seguir entregando sin que paguen renta? Estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con normas básicas de economía. Entonces cuando tengamos un impuesto como corresponde, el royalty también va a ser bueno para los privados porque habrá certeza jurídica respecto de lo que hay”, manifestó.
El diputado y también presidente regional del Partido Socialista, expuso que “lo que hoy hay no son más que tributos circunstanciales que se van moldeando de acuerdo a las circunstancias políticas, pero cuando exista una ley, cuando exista una renta como corresponda, los inversionistas van a tener certeza y podrán invertir como corresponde”.
“Acá se está discutiendo una cuestión muy de fondo que tiene que ver con el proyecto de país. Habrá fiscalizaciones, vendrán normas que se pueden ajustar; esas normas incluso van a estar antes que empiece a regir la propia ley (de royalty), con mecanismos de control (…) He escuchado a diputados que cuestionan la autonomía de los gobiernos locales”, cerró.
Cabe notar que el proyecto de Royalty a la Gran Minería aprobado por el Senado es una iniciativa que forma parte de la Reforma Tributaria del Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
Cabe recordar que en julio de 2022 el Ejecutivo ingresó una serie de indicaciones al proyecto que se tramitaba en la Cámara Alta, estableciendo una nueva tributación que permitirá aumentar el aporte del sector a los ingresos fiscales y destinar una parte de la recaudación (US$ 450 millones) al desarrollo productivo de las regiones y comunas del país.
La iniciativa contempla una carga tributaria potencial máxima de 46,5 % a la gran minería con ventas anuales de más de 80 mil toneladas métricas y de 45,5 % para aquellas operaciones con ventas anuales entre 50 mil y 80 mil toneladas métricas de cobre fino (TMCF).
En ambos casos, dicho límite se calculará sobre la renta imponible operacional minera ajustada (RIOMA).
Además se crean tres fondos destinados a los gobiernos regionales y las comunas mineras por un total de 450 millones de dólares (Fondo a Comunas Mineras, Fondo de Apoyo de Equidad Territorial, y Fondo Regional de Producción y Desarrollo). Para las comunas mineras se desglosan un total de 55 millones de dólares que se distribuirá entre los gobiernos regionales y municipios del país.
