Carla Fica Chueca, coordinadora de prácticas Trabajo Social UST Viña del Mar.
A un año del retorno a clases de manera presencial la comunidad estudiantil levanta las alertas, y la CONFECH convoca a nuevas movilizaciones en relación a visibilizar como demanda colectiva a nivel nacional dos grandes problemas que afectan a las y los estudiantes de educación superior.
El primero tiene relación a que existe un alto índice de estudiantes universitarios con trastornos de salud mental la que puede llegar hasta el 50% en síntomas ansiosos como depresivos, según señala el catastro realizado por la Universidad de Chile del año 2023. En este escenario es importante reconocer que la educación superior no siempre es un factor protector. Las altas expectativas académicas y sociales, excesivas evaluaciones, trastornos alimenticios, como los propios contextos familiares pueden ser factores abrumadores para algunos estudiantes, lo que puede llevar a un aumento del estrés y a crisis de ansiedad. A esto se suma la presión por mantener altas calificaciones, la competencia con otros estudiantes y el temor al fracaso son solo algunos de los factores que pueden afectar negativamente la salud mental de las y los estudiantes universitarios, tomando algunas y algunos la determinación de hacer retiro temporal o definitivo, resultando en la deserción estudiantil, situación que es preocupante.
El segundo se enmarca en que a dos años de la promulgación de la Ley N° 21.369 continúa un preocupante aumento de la violencia y discriminación de género en los distintos espacios de la educación superior. Cabe mencionar que en el 2021 se promulgó la Ley Nº 21.369, la que tiene como objetivo regular el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior. Si bien, esta legislación establece una serie de obligaciones para las instituciones, incluyendo la adopción de protocolos y medidas de prevención, la capacitación del personal, la creación de mecanismos de denuncia y la investigación adecuada de los casos reportados. El desafío de las instituciones de educación superior es hacer que la Ley N° 21.369 no se vea como una declaración de intenciones o se reduzca a un check list camino a los procesos de acreditación a que deben someterse las instituciones de educación superior.
Finalmente, es fundamental que las instituciones de educación superior aborden desde la acción y velen por garantizar una experiencia educativa inclusiva, segura y equitativa, porque la creación de entornos seguros, libres de violencia y discriminación es esencial para fomentar la participación plena y el éxito académico de todos las y los estudiantes. Es labor de las instituciones de educación superior consolidarse como un factor protector para las y los estudiantes, promoviendo políticas y prácticas inclusivas que garanticen el acceso a la educación superior a todas las personas promoviendo una cultura universitaria inclusiva y acogedora. Si se implementan estas medidas, la educación superior puede ser una herramienta poderosa para mejorar la vida de las y los estudiantes para construir una sociedad más justa y equitativa.
