El cura jesuita Héctor Guarda, capellán de TECHO-Chile, coincidió con lo planteado por diputadas de Apruebo Dignidad en cuanto a que el proyecto de ley que sanciona con cárcel la usurpación de propiedades «criminaliza la pobreza».
La iniciativa forma parte del «fast track» de 31 proyectos priorizados -en acuerdo- por el Gobierno y el Congreso, y el lunes fue aprobada en general en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, pese a recibir cuatro votos en contra de parlamentarios oficialistas: Maite Orsini (RD), Mercedes Bulnes (independiente de la bancada frenteamplista), Alejandra Placencia (Partido Comunista) y Jaime Araya (independiente-PPD).
«Si bien compartimos el espíritu de esta norma en el sentido de sancionar y perseguir de manera eficaz los casos de ‘loteos brujos’ y distintos actos de violencia asociados a bandas criminales, consideramos que, de aprobarse tal como está, se criminalizaría la pobreza», señaló Guarda en una carta enviada a El Mercurio.
«Lamentablemente, el texto no logra diferenciar eficazmente entre las personas que no tienen dónde vivir y quienes lucran con loteos brujos, se toman terrenos para levantar ‘tomas VIP’ o realizan usurpaciones ilegales para cometer delitos violentos», dijo el religioso.
«No es lo mismo una ocupación abusiva de un terreno que la toma realizada por personas en situación de precariedad socioeconómica», continuó, enfatizando que «la realidad de las 114 mil familias que viven en campamentos (actualmente en Chile) es un problema de compleja solución y con múltiples aristas».
El jesuita -que asistió el lunes a la sesión de la Comisión de Seguridad a plantear sus argumentos-, reconoció que la iniciativa «intenta proteger a quienes viven en asentamientos informales a través de una norma que establece excepciones para quienes fueron incluidos en el Catastro 2022 de campamentos del MINVU». Sin embargo, TECHO calcula que «el registro ministerial deja fuera a más de 300 campamentos y 40.000 familias».
«Creemos que es valorable que se legisle en favor de proteger a la propiedad, pero no a costa de penalizar con cárcel a quienes viven en asentamientos informales por necesidad», explicó, llamando a los parlamentarios a actuar «con responsabilidad, distinguiendo el aprovechamiento de la necesidad».
Adicionalmente, apuntó Guarda, «diversos abogados penalistas han coincidido sobre los peligros que traería la Ley de Usurpaciones», pues «la legítima defensa privilegiada, tal como se propone actualmente, podría generar situaciones de más violencia y poner en riesgo a personas inocentes, ya que se les entrega a los civiles el uso de la fuerza», cerró el religioso.
Fuente: Cooperativa.
