El gobierno del presidente Gabriel Boric lanzó este jueves la Política Nacional de Migración y Extranjería (PNME), iniciativa que busca promover las condiciones migratorias de forma “ordenada, segura y regular”, con el fin de contribuir “al desarrollo del país” por medio de la consideración de “las necesidades de los territorios y el fomento de la integración armónica de las personas migrantes, así como el respeto a sus derechos”.
La ceremonia de se realizó en el Palacio de La Moneda y estuvo encabezada por la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.
Según indicaron desde el Ejecutivo, la orientación de la medida está principalmente enfocada en dos áreas: gestión interna y control de fronteras. Esto siempre considerando los enfoques transversales de la PNME, es decir, derechos humanos, género, derechos de la niñez y adolescencia e interculturalidad.
“Nos estamos poniendo al día con una deuda, pero también anticipándonos para lo que viene”, dijo la ministra Tohá durante su intervención.
De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la PNME consistirá en los siguientes puntos:
Fortalecer las capacidades del Estado en la gestión interna y documentación de la población extranjera para garantizar la regularidad de las personas, es decir, normalizar el funcionamiento del Servicio Nacional de Migraciones, a través de los trámites que le competen:
La PNME se orientará a proteger la convivencia, la cohesión social y el bienestar de los territorios que, en los últimos años, se han convertido en zonas receptoras o de tránsito de un elevado número de migrantes. Se desarrollará una política compensatoria dirigida a los territorios que han recibido migrantes, en áreas como salud y educación.
El lineamiento general para otorgar residencias regulares será que estén asociadas a contratos u ofertas de trabajo en ramas de difícil cobertura, o donde hay escasez de trabajadores, según capacidades territoriales, o bien por vínculos familiares.
En materia de protección se priorizarán las garantías de los niños, niñas y adolescentes, no acompañados y en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, se desarrollarán acciones para proteger la situación de mujeres víctimas de VIF, trata y tráfico, y facilitar su acceso a documentación y a la regularidad.
Gestión de fronteras para la regulación y orden de los flujos migratorios emergentes, dada la presión que recibe el país en el contexto de la mayor crisis migratoria que ha vivido la región:
La PNME buscará dar mayor eficacia a la aplicación de sanciones, especialmente la de expulsión, con énfasis en aquellas personas que tengan antecedentes penales, quienes no tengan posibilidades reales de integración o de contribuir al desarrollo de nuestro país.
La irregularidad se abordará orientando la acción del Estado al combate contra las redes de tráfico y trata de personas. Y mediante el perfeccionamiento de los mecanismos de administración de sanciones.
No habrá procesos masivos de regularización como los que se realizaron en el pasado. La política define criterios para modalidades condicionadas de regularización para grupos específicos basándonos en condiciones de inserción reales.
Fuente: CNN.
