Entre el lunes 17 y martes 18 de julio, el Ministerio de Hacienda sostuvo nuevas reuniones con representantes de gremios de Empresas de Menor Tamaño y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), en el marco del Pacto Fiscal que está trabajando el Gobierno. Ambas citas se centraron en una serie de propuestas presentadas por el Gobierno vinculadas a la modernización, eficiencia y transparencia para fortalecer el sistema tributario.
En total son 28 medidas que modifican sustantivamente la propuesta inicial presentada en el proyecto de ley que en julio del año pasado inició su tramitación legislativa en el Congreso, y que fue rechazado en marzo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
Las modificaciones consisten en cambios de diseño respecto de materias como la Norma General Antielusión (NGA), tasaciones y reorganizaciones empresariales, secreto bancario considerando las recomendaciones de la Corte Suprema y otros actores, IVA a exportadores y denunciante anónimo. Además, se incorporan otros ajustes a normas contra la evasión y elusión.
En el primer caso, se propone la creación de un consejo asesor consultivo -compuesto por personas externas con trayectoria en materia impositiva- del director del Servicio de Impuestos Internos (SII) que deberá emitir una opinión acerca de los casos de la NGA presentados a su conocimiento. Para su composición se tomarán como base el consejo consultivo de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) y otras instancias de similar naturaleza impulsadas anteriormente.
Respecto de las tasaciones, la autoridad propuso un perfeccionamiento de la norma que determina que las operaciones que dan paso al potencial pago de impuesto se realicen en «condiciones de mercado» atendiendo siempre las particularidades de la operación, y se regularían de mejor forma los procesos de reorganización empresarial (nacional e internacional) en los cuales la administración tributaria no puede aplicar la tasación.
En tanto, respecto al denunciante anónimo se busca crear esta figura legal que ha presentado resultados positivos en otras jurisdicciones como EE.UU. y Reino Unido, y que permite que quienes aporten información a la administración para la persecución de delitos tributarios, sean premiados con una parte de los montos recaudados. No obstante, para evitar mal uso, se incorporan sanciones a las denuncias falsas.
Además, se propuso la modernización de los procedimientos ante organismos fiscalizadores como la Tesorería General de la República, los Tribunales Tributarios y Aduaneros, el Servicio Nacional de Aduanas y el SII.
Asimismo, se agregan dos nuevas medidas tendientes a reducir la informalidad como el fin de la exención del IVA a importaciones de bienes por hasta US$ 41, lo que genera un incentivo a la subvaloración de los productos, y el establecimiento de medidas cautelares que permitan a la administración asegurar el cumplimiento cuando el contribuyente persista en delitos tributarios como el embargo de bienes y congelamiento de activos financieros.
También se planteó eliminar otras dos materias que estaban en el proyecto original. La primera de ellas es que no habrá cambios a la aplicación del IVA en inmuebles, concretamente se mantiene el artículo 27 bis de la Ley de IVA que establece la devolución del crédito fiscal en la adquisición o construcción de propiedades. La segunda, deja sin efecto los cambios al tratamiento del gasto en caso de exceso de endeudamiento.
En materia de tipificación de delitos se plantean cuatro mejoras a los diferentes delitos penales de evasión con el objetivo de permitir su correcta aplicación y obtención de sentencias efectivas tales como incrementar las sanciones, y perfeccionar la descripción del delito para quienes presenten declaraciones de impuestos falsas; se amplía el delito para hacer efectiva la clausura de establecimientos, incorporando como causal, por ejemplo, no enviar los documentos electrónicos al SII.
Adicionalmente se busca avanzar en una Ley de Beneficiarios Finales con énfasis en aquellas entidades que reciben fondos públicos en calidad de aportes, licitaciones, adjudicaciones, contratos, concursos o similares.
Cabe recordar que todos estos temas son parte del cuarto eje del Pacto Fiscal relacionado con el financiamiento tributario. Los otros pilares que se están discutiendo con diversos actores políticos, económicos y sociales son los principios para un sistema tributario moderno en Chile; definir las necesidades y prioridades de gasto; compromisos y la modernización del Estado en el uso de los recursos públicos; analizar el impacto de los impuestos y los gastos sobre el crecimiento y la formalización; y la consolidación, seguimiento y evaluación de impacto de las medidas.
En la reunión del lunes con los gremios pymes participaron la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, junto a los coordinadores Tributarios Diego Riquelme y Nicolás Bohme, y el embajador de Chile ante la OCDE, Francisco Saffie. Por las asociaciones participaron Juan Alberto Pizarro (Colegio Contadores – Asech), Jorge Welch (Asech), Soledad Recabarren (Colegio de Abogados – Multigremial), Maximiliano Boada (Multigremial), Eduardo del Solar (Convergencia Pyme), Humberto Solar (Conupia), Katherine Vilches (ChileSertur), Rodrigo Bon (Propyme), Luis Solís (Unapyme), Marcos Carter (Fenabus), Lautaro Videla (Unapyme), Verónica Contreras y Luis Foncea (Conapyme), Germán Dastres (CNP), Marcos Illesca (Asexma), Juan Araya (CNDC), Christian Aste (Comisión Tributaria CNC – Conapyme), Héctor Sandoval y David Singh (Conatacoch).
Mientras que la reunión de este martes con la CPC estuvo liderada por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, mientras que por la Confederación participaron su presidente y gerente general, Ricardo Mewes y Fernando Alvear; juntos a los abogados de la Comisión Tributaria de la CPC, Mario Silva y Luis Felipe Ocampo, y Nicolás Burr, presidente de la Comisión Tributaria de la Sofofa.
