La Corte Suprema rechazó un recurso de casación presentado por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la sentencia que condenó al Fisco a pagar una indemnización total de 1.240 millones de pesos a 31 de los 33 mineros que, entre agosto y octubre de 2010, permanecieron atrapados en la Mina San José, en la Región de Atacama.
La Tercera Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Sergio Muñoz, Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus– ratificó la «falta de servicio» del Estado por haber incumplido, tanto el Servicio Nacional de Geología y Minería como la Dirección del Trabajo su deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena, de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.
El fallo destaca «que la actividad minera, de manera especial, está sujeta a un régimen de autorizaciones administrativas encomendadas» al Sernageomin; organismo que, entre otras cosas, debe «velar porque se cumplan los reglamentos de policía y seguridad minera y aplicar las sanciones respectivas a sus infractores; proponer la dictación de normas que tiendan a mejorar las condiciones de seguridad en las actividades mineras de acuerdo con los avances técnicos y científicos; y requerir información sobre los programas y cursos de capacitación e informar a los trabajadores que se desempeñan en la industria extractiva'».
Por otro lado, el Reglamento de Seguridad Minera actualmente en vigor, aprobado mediante Decreto Supremo del Ministerio de Minería en 2002, «contiene múltiples aprobaciones o autorizaciones específicas que deben ser otorgadas por el Sernageomin al empresario minero para que éste pueda explotar el yacimiento de su propiedad».
Fuente: Cooperativa.
