29 de 34 convenios estudiados por Contraloría no cumplen los estándares requeridos, siendo declarados ilegales o “representados”, por el contralor, 22 de ellos fueron celebrados en la Región de Los Lagos. Todos los acuerdos estudiados fueron suscritos en 2023 y los montos involucrados ascienden a más de $13 mil millones de pesos.
Tras conocerse el bullado “caso Convenios” entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda en la región de Antofagasta, la Contraloría General de la República congeló los traspasos de dineros a través de la “toma de razón”, para visar si los acuerdos cumplen con los estándares que exige la ley.
Respecto a algunos casos de los convenios declarados ilegales, el contralor Jorge Bermúdez explicó las fundaciones presentan giros “demasiados amplios” para recibir y gestionar las transferencias del Estado, según señaló La Tercera.
En estos casos, dentro de los convenios analizados, no fueron suficientemente detallados los objetivos y actividades a realizar por parte de las fundaciones.
Otro punto objetado es la “falta de claridad de los ítems de gastos”, sumada a una falta de distinción entre la vigencia de los acuerdos y el tiempo previsto para la ejecución de las actividades. Un cuarto aspecto objetado es la “inexistencia del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos”.
Tras declararse la ilegalidad del convenio, este queda completamente anulado. Las principales irregularidades se detectaron en la región de Los Lagos, en donde, además, la Contraloría decidió abrir un sumario.
Dentro de las transferencias declaradas ilegales, destaca que la Gobernación Regional de Los Lagos entregó $ 1.200 millones a la Corporación Kiñe Fuxa Ruka y otras tres transferencias a la Fundación Chinquihue por más de $ 2 mil millones; entre otras millonarias sumas transferidas.
En total, de los 29 convenios declarados ilegales, 22 son de la región cuyo gobernador es Iván Vallespín.
Pero lo que motivó la apertura del sumario administrativo por parte de Contraloría es que, pese a que el órgano contralor declaró ilegal uno de los convenios, de igual manera se entregaron más de $667 millones a la “Corporación privada para la educación y el desarrollo local El Canelo”.
