Falta de recursos para gestionar peritajes y evaluaciones socioeconómicas serían las complicaciones que tendrían algunas entidades públicas dentro de la implementación de la reforma que modifica la ley N° 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, en materia de responsabilidad parental y pago efectivo de las deudas por pensiones de alimentos.
Así lo han comprobado estudiantes y docentes que trabajan en la clínica jurídica del Centro de Atención Profesional Santo Tomás Viña del Mar, que ofrece distintos tipos de servicios a la comunidad, como asesoría legal.
“Se nos ha hecho bastante intenso porque hay mucha demanda por saber lo concreto de la reforma, la gente ha escuchado de esta ley, pero no manejan el detalle de cómo se va a implementar”, explica Mariana Rojas, académica de la carrera de Derecho UST y coordinadora de la clínica jurídica.
La reforma, que comenzó a regir en el mes de mayo, nace producto de las demandas que se presentaron en tribunales de familia por personas cuyas ex parejas no pagaban la pensión alimenticia y querían cobrar lo adeudado a través de los retiros de fondos previsionales.
Ahora los tribunales están facultados para investigar el patrimonio del deudor en cuentas bancarias, instrumentos financieros o de inversión. Pueden liquidar la deuda e incluso retener dineros en las cuentas de ahorros previsionales.
“Aún es prematuro hablar de un balance de la implementación total de la ley porque todavía hay plazo para la última instancia, que es cobrar a la cuenta de AFP que tenga la persona que adeuda. Sin embargo, vemos con grata percepción la respuesta de los tribunales que, a pesar de estar muy sobrecargados, están siendo muy diligentes”, dice Mariana Rojas.
Pero en este punto empezarían los problemas de implementación de la reforma. “Hay entidades que no quieren cumplir con su trabajo y que no están a la altura del desafío que plantea esta reforma, sean entidades públicas -como municipalidades- que no tienen la fuerza económica y de recursos suficientes para emitir peritajes y hacer las evaluaciones socioeconómicas de las personas”, agrega.
También se avizoran dificultades en la implementación del sistema informático en que trabajan todas las instituciones involucradas. “Hemos tenido distintas reuniones con jueces presidentes de Tribunales de Familia, también pedimos una audiencia con la presidencia de la Corte de Apelaciones para hacer un trabajo conjunto con los distintos participantes de este sistema. Los tribunales ya colapsaron con los retiros del 10% de las AFPs en el 2020 y ahora claramente vendrá otra ola muy fuerte de cobros porque las cosas cambiarán mucho”, agrega la coordinadora.
¿Y cuál es el perfil de las personas demandadas? “Por ejemplo, si tenemos 40 juicios en trámite, 4 o 5 son mujeres que están siendo demandas. De ese número, yo diría que 2 de ellas no desean pagar, a pesar de que tienen los medios para hacerlo. En el caso de los 35 restantes, hay una mitad de deudores que llevan años sin pagar. La otra mitad son personas que piden aumento de la demanda alimenticia o es la primera vez que presentan una demanda”, señala Mariana Rojas.
La clínica jurídica atiende a usuarios que forman parte del 40% más vulnerable a nivel socioeconómico, quienes son entrevistados por estudiantes de la carrera de Derecho de cuarto y quinto año que realizan su práctica profesional. Se les presta asesoría legal y se les acompaña durante todo el proceso, siempre bajo la supervisión de un docente.
“Normalmente tenemos un 90% de tasa de éxito en nuestros casos, cuando el alumno recibe la llamada telefónica del usuario diciendo que finalmente recibió el pago, es una felicidad tremenda para ese estudiante que lleva la causa, es una satisfacción que va más allá de terminar un ramo o una práctica profesional”, indica la coordinadora.
