Tras semanas de silencio desde que se destapara el llamado “Caso Convenios“, por el traspaso de $426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta a la Fundación Democracia Viva, el director de la entidad, Daniel Andrade, aseguró, este viernes que los gastos que hizo la organización en la que participó fueron por instrucción del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu).
Fue en el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión, donde el también exmilitante de Revolución Democrática y expareja (y correligionario) de la diputada Catalina Pérez, contó una cronología de lo ocurrido: “El Seremi me contactó a mí (como representante de Democracia Viva) y entiendo que a todas las fundaciones nuevas que participaban de estos convenios”.
Lo anterior, pues desde el organismo tenían una “mala evaluación” de las fundaciones que habían trabajado con ellos con anterioridad.
“Yo le planteo (a la Seremi) que nosotros no tenemos experiencia en construcción de infraestructura, sino en trabajos territoriales, mediación, organización”, precisó.
Ante esto, dijo, fue la Seremi quien dio la dinámica de trabajo: las fundaciones subcontrataban constructoras y así, las fundaciones “tienen que fiscalizar que se hagan”.
“Yo no debería haber accedido a eso porque no teníamos expertise en parte de construcción, pero se me dijo que se hacía así”, agregó luego Andrade.
Así, la Fundación Democracia Viva, en concreto, habría convenido un trabajo de “acompañamiento e infraestructura liviana”.
Democracia Viva
El ingeniero y excandidato a la Convención Constitucional dijo que la fundación nace en 2020, con foco en “participación y formación ciudadana”, pero se fundó en 2021.
El convenio de Democracia Viva con el Seremi era de $426 millones, con una duración de entre 12 y 16 meses, que contemplaba una red húmeda y otra de estación seca: “Un proyecto que no nos acomodó, pero que el Serviu nos obligó”.
Los sueldos de la fundación “eran cinco o seis personas, a veces siete. Todos con boleta, que está todo respaldado (…) Los gastos de las Fundaciones eran tutelados por el Serviu, que es un organismo técnico, no político. Ellos autorizaron la construcción, las contrataciones y además antes y después de los gastos”.
A ello precisó que la entidad “nunca nos pidieron una boleta de garantía. Nosotros sí le pedimos a las constructoras un pago de garantía, que era al final. Pero fue una medida de la Fundación con la constructora”.
Por lo pronto, en la ejecución del convenio hubo un gasto de $131 millones. “Esos están rendidos”, dijo.
El mea culpa
En un momento, Andrade hizo un análisis de lo ocurrido: “(En retroespectiva) Yo jamás habría firmado esos convenios y fue un error gigante (…) Fui imprudente en ese momento. Actué con exceso de confianza, se me dijo que estaba dentro del marco legal (…) Fue mi inexperiencia, que también es parte del error”.
“Pequé de imprudencia”, precisó, antes de reforzar dos ideas: que “ninguno de los fondos se ha usado para una tarea distinta del convenio”; y que su expareja “Catalina Pérez no influyó en nada en esta decisión”.
Fuente: ADN
