En el Juzgado de Garantía de Valparaíso, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, junto al diputado Juan Antonio Coloma y el abogado del partido, Pablo Toloza, presentarán una querella en contra del Gobierno Regional (Gore) de Valparaíso por transferencias a dos organizaciones medioambientales que en total suman $801 millones. Ven como una contradicción que los objetivos finales de ambos convenios no se condigan con el mandato original de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y, por esa razón, hablan de eventuales delitos, como malversación de fondos públicos, fraude al Fisco y, eventualmente, tráfico de influencias.
Se trata de dos convenios firmados el 16 de diciembre de 2022 por el Gore Valparaíso, uno con la Fundación Terram por $401 millones y otro con la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) por $400 millones que, según la UDI, tienen unos objetivos completamente alejados de los fundamentos que exige tanto la normativa como los propios documentos firmados en ambos casos, que apuntaban a la necesidad de innovación y el fomento a la producción.
Citando los antecedentes de los cuestionados convenios, que a su vez refieren la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, el abogado de la UDI que liderará la querella, Pablo Toloza, recuerda que lo que corresponde al Gobierno Regional es «proponer programas y proyectos con énfasis en grupos vulnerables o en riesgo social», así como «establecer las prioridades estratégicas regionales en materia de fomento de las actividades productivas y de mejoramiento de la innovación para la competitividad».
Ninguna de esas condiciones, reclaman los querellantes, se cumple en los objetivos reales detrás de las firmas de estos millonarios contratos. Fima, por ejemplo, recibió $400 millones para el desarrollo de un programa que tiene por objetivo realizar actividades para fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en el acceso a la justicia en materia de reparación ambiental», acorde al Mercurio de Valparaíso.
