La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero interpuesta por Juan Sutil – a través de su abogado Eduardo Riquelme – en contra del diputado Diego Ibáñez (CS) por calumnias.
Fue el pasado 26 de abril durante una entrevista en 24 horas cuando el diputado de Convergencia Social deslizó una declaración contra el empresario, cuando este último competía por un puesto al Consejo Constitucional.
«A propósito de Juan Sutil, que por lo demás ha pasado un par de millones de pesos a algunos parlamentarios de Chile Vamos y después en las comisiones votan a favor de las AFP o votan en contra de la democratización al derecho al agua. Son cuestiones que existen, que son históricas y que hoy también están operando en este proceso de elección de nueva Constitución», señaló Ibáñez. Además, apuntó a Diego Schalper (RN), Juan Antonio Coloma (UDI) y Jorge Alessandri (UDI), como quienes habrían recibido estos dineros.
Luego, el 3 de mayo, durante una entrevista en el matinal Mucho Gusto, al ser consultado por el tema – y si es que se retracta de lo dicho – Ibáñez precisó que «no sería cohecho, sería soborno así que hay que asesorarse mejor». Los argumentos de Sutil El abogado del empresario basó su exposición en tres argumentos: Primero, que el diputado Ibáñez dijo expresamente que «le pasaba un par de millones» para votar de cierta forma sobre ciertos temas a algunos parlamentarios, declaración que está grabada en un video. Asimismo, que esto sería una calumnia porque le atribuye un delito.
Finalmente, que sus declaraciones son falsas ya que Sutil nunca ha financiado a los diputados Alessandri y Coloma; respecto a Schalper – a quien sí entregó financiamiento – no fue con el objetivo de incidir en la votación. «Cobra fuerza la calumnia ya que los diputados Alessandri y Coloma no han recibido aportes por parte de mi representado y al diputado Schalper nunca se le entregó dinero para que vote en un determinado sentido, es un hecho falso, si fuera cierto sería cohecho y ese delito es perseguible de oficio, por lo que se trata de la imputación de un delito determinado» ya que «es una conexión directa de un beneficio propio y el acto parlamentario que es votar», precisó Riquelme.
El abogado también hizo hincapié en que el diputado Ibáñez es egresado de derecho y que ante la defensa de que el parlamentario habría hecho una crítica política, Riquelme señaló que «imputar un delito no puede ser una critica política». Agregó que teniendo una serie de oportunidades para retractarse de lo que dijo, no lo hizo. Defensa del diputado Ibáñez Por su parte, el abogado del diputado Diego Ibáñez, Francisco Cox, llamó a rechazar la solicitud porque «no se satisface el estándar para conceder el desafuero».
En primer lugar señaló que durante la entrevista en 24 horas el parlamentario «no está imputando ningún delito», incluso precisó que Ibáñez dijo que lo que hizo Juan Sutil «es legal» y se puede comprobar a través del Servel. Según la defensa del diputado, «el jamás utiliza esta relación de vínculo entre el aporte de campaña para tomar una decisión» y asegura que «el periodista (Iván) Núñez le impide aclarar».
Respecto a los diputados Alessandri, Coloma y Schalper, Cox dice que cuando Ibáñez los nombra utiliza la «conjugación ‘o’, y se ve en el video, se observa que lo que está tratando de hacer es recordar a cuál de estás personas le hizo un aporte». Asimismo, el abogado señaló que «el delito que se está impugnado es el delito de calumnia, es decir, la imputación de un delito pero falso y que pueda perseguirse de oficio», en ese contexto insistió en que «tiene que ser perseguible de oficio y no se da circunstancias de cuándo y en qué fecha (…) por lo que no sería calumnia porque no sabemos si es un delito perseguible por oficio, no hay claridad de cuándo se habría hecho este traspaso de millones».
Con estos antecedentes, Cox abogó que los dichos del diputado habrían sido una crítica al sistema de financiamiento de la política y en la querella presentada por el abogado de Sutil se omite el contexto de la entrevista el cual era una llamado para que la gente de involucrara en el proceso de consagración de los derechos sociales en el marco del nuevo proceso constitucional.
Fuente: Emol
