A través de un oficio, la Seremi de las Culturas de Valparaíso encabezada por Patricia Mix —hermana de la diputada de Comunes Claudia Mix— informó al diputado Andrés Longton (RN) que entre marzo de 2022 y junio de 2023, el servicio realizó 17 convenios de transferencias directas a 14 organizaciones por un total de $204.158.108.
El primer problema es que, según el análisis realizado por el parlamentario, “no se pudo acceder a tres resoluciones”, ya que que no las envió la autoridad.
A eso se suma que el 41% de los convenios no están informados en el portal del Registro Central de Colaboradores del Estado. Lo mismo ocurrió con 18 convenios firmados por 6 Seremi de Vivienda con la Fundación EnRed Social durante 2022.
Oficio al contralor. El parlamentario de RN realizó un análisis a los 14 convenios a los que tuvo acceso y el pasado viernes 11 de agosto decidió enviarle un oficio al contralor Jorge Bermúdez para que efectúe una auditoría a los más de $204 millones que se transfirieron y que, de corresponder, instruya un sumario en la Seremi de Valparaíso por el “incumplimiento flagrante al artículo 1° de la Ley N° 19.862 que establece registros de las personas jurídicas receptoras de fondos públicos y en lo particular, establece el registro de estar por parte de la institución gubernamental”.
“Hemos estado fiscalizando al Ministerio de las Culturas y nos hemos encontrado que sospechosamente no nos informaron ciertos recursos que son asignados discrecionalmente pero sí otros, y que se estaría incumpliendo evidentemente la ley de registros de colaboradores del Estado al no haber registro de la organizaciones a las cuales se le entregan recursos”, dice Longton.
Contradicciones. Las resoluciones 1592 y 1605, del 23 y 29 de diciembre de 2022, respectivamente, fueron para transferir un total de $32 millones a la Corporación de Educación, Arte y Cultura (CEAC).
El diputado de RN denuncia que ninguno de estos dos convenios fueron reportados en el portal de transferencias. La representante legal de la Corporación es Carolina Fernández Quezada (PC), ex candidata al Consejo Constitucional para las elecciones del 7M.
El 9 de agosto de ese año, la Corporación publicó una declaración pública en la que señalaban que existe desde 2018, pese a que iniciaron actividades en el SII el 6 de marzo de 2020.
Y añadió lo siguiente: “En diciembre de 2022 sostuvimos un convenio de colaboración con la Seremi de la Culturas por $12 millones para evitar el cierre definitivo de nuestra organización a falta de recursos, y brindar a la comunidad una cartelera cultural por los meses de diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023, de lo cual es preciso aclarar que dicho convenio fue ampliado en $20 millones para que la CEAC desarrollase dos escuelas de verano en los sectores afectados por el incendio de Viña del Mar”.
En las resoluciones, sin embargo, se establece que los convenios eran para realizar “actividades artístico-culturales en el marco de la contingencia provocada por el incendio en Viña del Mar”.
Dicho siniestro ocurrió el 22 de diciembre de 2022, vale decir, un día antes de que se publicara la primera resolución exenta que autorizó los traspasos de fondos.
Longton plantea que en los convenios “se evidencia que todas las actividades, según el respectivo cronograma, son en dependencias de la entidad receptora de recursos, esto es en Cochrane 440, Barrio Puerto, comuna de Valparaíso y en ningún caso dentro de la circunscripción comunal territorial de Viña del Mar, que es donde se encontraría las personas a las que se alude como beneficiadas por este convenio”.
Entrega de fondos. La resolución 1069 del 26 de septiembre de 2022 de la Seremi de las Culturas de Valparaíso autorizó la entrega de $30 millones al Centro Cultural Playa Ancha para realizar el Carnaval Mil Tambores.
El diputado cuestiona otro punto del convenio con la organización, cuya presidenta es Karen Jorquera Apablaza, candidata a Consejera Regional en 2021 como independiente por el Partido Humanista.
Según Longton, el cronograma de actividades estipuladas en la resolución indica que el 30 de octubre se realizaría un “Diálogo sobre vivienda digna, Cerro Polanco, cuestión que escapa no tan solo del eje central de las actividades por la cuales se le hace entrega de recursos a la institución receptora, sino que también, de todo objetivo, propósito y promoción de actividades que lleva a cabo el organismo gubernamental en análisis”.
Una sociedad creada dos meses antes. Longton también solicita a la Contraloría que se analice el convenio que la Seremi de las Culturas firmó con la Asociación Multicultural de Migrantes de la Provincia de Petorca entre Mundos por $4,5 millones, autorizados el 8 de septiembre de 2022, para la segunda versión del Festival Voz Migrante.
“Existe una incompatibilidad entre el Certificado de personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos y el Certificado de Directorio de Persona Jurídica, dado que, en el primero no figura doña Irene Basualto Vergara, quien es la persona que firma el convenio”.
Junto con aquello, la resolución 707 del 8 de junio de 2022 autorizó $48.038.940 a Tékne Cultura Educación y Trabajo Spa, para llevar a cabo el Programa Apreciación de la Música Nacional. La sociedad inició actividades en el SII el 1 de abril de 2022, vale decir, 2 meses antes de que se autorizaran dichos fondos.
Consultada por Ex Ante, la Seremi de Cultura de Valparaíso indicó que no se referirían al tema.
Autor: Ex Ante.
