Angélica Prats, hija del general Carlos Prats, comandante jefe de las Fuerzas Armadas durante el gobierno de Salvador Allende (1970-1973), sincera su «dolor» porque, 50 años después del golpe de Estado de Augusto Pinochet, «aún hay personas que piensan que tuvo sentido».
«Parece que no hemos aprendido», lamenta en una entrevista desde el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, un espacio dedicado a las víctimas de la dictadura (1973-1990), que exhibe un memorial en honor a su padre, asesinado años después en Buenos Aires por el régimen.
Hombre clave de Allende -fue también Ministro de Interior y Defensa-, Prats es considerado uno de los pocos generales constitucionalistas hasta el final de los días del presidente.
Este miércoles se cumple medio siglo del día en que Prats renunció a su cargo presionado por militares antiallendistas, en un contexto de profunda división entre el gobierno y la oposición, encabezada por el sector más duro de la Democracia Cristiana.
Dos días antes, esposas de varios generales convocaron una manifestación en su contra, que observó con «desilusión», dice su hija, porque eran militares que nunca le habían expresado con claridad su «desacuerdo» y de quienes recibió una «falsa amistad».
El 15 de septiembre, Prats partió al exilio en Argentina, pero antes envió una carta a Pinochet: «El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país (…) me alegraré de haberme equivocado, al buscar con tanto afán una salida política para evitar el golpe».
En Buenos Aires, cambió radicalmente de vida: trabajó como gerente de una empresa y se entregó por completo a sus memorias, que se empeñó en acabar «ante la eventualidad de ser sorprendido por la muerte», según relató él mismo. Las terminó justo 10 días antes de ser asesinado.
Era casi la 1 de la madrugada del 30 de septiembre de 1974, cuando el auto de Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, estalló por un explosivo colocado por un agente de la Inteligencia chilena.
Ambos murieron en el acto, a los 59 y 55 años, respectivamente. En el atentado participaron seis oficiales del ejército y tres civiles, según la sentencia definitiva de la Corte Suprema de julio de 2010.
«Todos los implicados habían tenido vínculos directos con mi papá (…) eso fue muy brutal como familia», admite Angélica. «Pinochet era el más cercano a él, lamentamos que no se hubiese podido comprobar su participación directa», añade.
Tuvieron que pasar casi 36 años para que la familia Prats-Cuthbert encontrara justicia y casi tres décadas para el primer gesto del Ejército hacia el difunto exgeneral y los suyos.
«Fueron años en los que la vida no era normal, estaba distorsionada porque había un tema pendiente. Fue un sacrificio diario», confiesa Angélica.
Cincuenta años después, concluye con firmeza: «Todos debiéramos concordar en que eso nunca más».
Fuente: Cooperativa.
