Tras su paso por el Senado, el ejecutivo anunció de inmediato su rechazo a la recién aprobada Ley de Usurpaciones, particularmente por el concepto de «legítima defensa privilegiada», sin especificar aún el tipo de veto a emplear.
Una agitada jornada se desarrolló en el Congreso, posterior a la votación de la Ley de Usurpaciones, la cual fue despachada en una ronda de tres votaciones seguidas, pese a las advertencias del ejecutivo.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno ingresará un veto por la legítima defensa privilegiada y la flagrancia permanente, que a su juicio suponen «un retroceso civilizatorio».
La secretaria de Estado puntualizó que “lo que nos interesa es corregir este proyecto y creemos que, en realidad, transversalmente, en el fondo de su corazón, todos saben que este proyecto, así como está, es un problema”.
Por su parte, Luis Cordero, ministro de Justicia, señala que “el Ejecutivo considera que es una norma que tiene riesgos que tienen que ver con la autotutela. Ese tipo de cosas consideramos que no pueden quedar abiertas”. Asimismo, no indicó qué tipo de veto recurrirá el Gobierno “por razones estratégicas”.
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