El estudio muestra opiniones diversas sobre la relevancia de esta fecha, inevitabilidad del Golpe y la responsabilidad de los involucrados. A pesar de las diferencias, la mayoría valora el compromiso de todos los sectores políticos con la democracia y los derechos humanos y apoya el cierre de Punta Peuco.
En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile, la plaza pública de Cadem revela que el 47% de la población considera que esta fecha es relevante, lo que representa una disminución de 13 puntos en comparación con junio de este año. Mientras tanto, el 16% cree que es algo relevante y un 35% (+13 puntos) opina que es poco o nada relevante.
En cuanto a la percepción sobre la inevitabilidad del Golpe de Estado, el 46% de los encuestados considera que fue evitable, mientras que el 51% cree que fue inevitable. Los resultados varían significativamente según la orientación política, ya que el 69% de los identificados con la derecha cree que fue inevitable, en contraste con el 73% de la izquierda que cree que fue evitable.
En términos de responsabilidad, el 44% de los encuestados cree que Augusto Pinochet y las Fuerzas Armadas son los principales responsables del Golpe, seguidos por Salvador Allende y el gobierno de la UP con un 39%. Además, el 57% de los encuestados se refiere al gobierno de Pinochet como una dictadura, mientras que el 41% lo denomina gobierno militar.
Sobre la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, solo el 33% cree que se ha hecho justicia, mientras que el 41% opina que se ha hecho poco o nada de justicia.
A pesar de las divisiones, el 95% de los encuestados considera importante que todos los sectores políticos se comprometan con la democracia y el respeto a los derechos humanos. En cuanto al destino de Punta Peuco, el 58% está de acuerdo con cerrar ese penal y el 79% cree que si un militar es declarado culpable de un delito grave debe cumplir su pena en una cárcel normal con delincuentes comunes. En el caso de militares presos por delitos de derechos humanos que estén graves o sean enfermos terminales, el 60% piensa que no deben tener beneficios carcelarios y deben cumplir sus condenas sin importar su edad o salud.
