Un análisis realizado por el Consejo para la Transparencia (CPLT), basado en datos proporcionados por el Ministerio del Interior, ha revelado que durante el período de las manifestaciones en el marco del estallido social, el Gobierno utilizó de manera más frecuente la Ley de Seguridad del Estado en querellas presentadas ante tribunales de justicia entre 2019 y 2022.
Esta ley, empleada por el Ministerio del Interior y otras instituciones, se aplicó para abordar delitos relacionados con la grave afectación del orden público.
También el CPLT evidenció que, en la mayoría de los casos –se analizaron 781 querellas de este tipo- éstos terminaron sobreseídos por un tribunal de manera definitiva. Lo anterior, principalmente, porque se cerraron sin identificarse los responsables por falta de antecedentes, o porque no se logró el delito o la participación de una determinada persona en dicha acción.
El CPLT estableció además que, de las causas analizadas, sólo 42 de ellas en los cuatro años contemplados, no siguieron investigándose bajo esta figura, lo que equivale a un 5% del total.
Sobre el uso de este tipo de acciones, el titular del Consejo, Francisco Leturia, cuestionó la dificultad para acceder a información de carácter pública: “Cuesta entender que no esté trabajada, disponible y que no sea pública. Uno puede tener opiniones distintas sobre la efectividad, pero lo que no puede haber es desinformación”.
Leturia comentó que la metodología requirió la revisión una a una de las causas por LSE, dado que lo que entregó el Ministerio del Interior fue la cifra total de investigaciones en el período observado. Asimismo, criticó la eficacia de la herramienta subrayando que “si un analgésico tuviera efecto solo en un 20% de los casos, estaríamos preocupados, probablemente”.
Acorde al análisis del Consejo, se estableció además que en 374 causas revisadas hubo desestimiento, sobreseimiento, suspensión, decisión de no perseverar o archivo provisional, lo que equivale a un 48% del universo total.
