Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, la población de 60 o más años que reside en Chile, aumentó a un 18,1% en 2022, y se estima que en el 2050 la cifra alcance un 32,1%.
Con 85 votos a favor, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto presentado por la diputada Carla Morales (RN), que aborda la creación de una Subsecretaría de la Persona Mayor y Personas con Discapacidad, organismo público que estaría encargado de mantener un sistema nacional que se encargue de planificar y coordinar programas en ayuda de estos sectores de la población, respondiendo a sus demandas de manera directa.
Para la autora del proyecto esto significa un gran avance, considerando el aumento progresivo de personas mayores en nuestro país ya que, según constató el INE, estamos en un proceso de envejecimiento poblacional, con las personas de la cuarta edad (80 y más años) aumentando en población a un 28,0% del total de personas mayores en 2050. A eso se suman los más de 2 millones de personas en situación de discapacidad, cifra que no ha sido actualizada desde hace 7 años de manera oficial, lo que, a ojos de la parlamentaria, es otro signo de lo necesario de la entidad.
“Esta es una excelente oportunidad para nuestros adultos mayores y los del futuro, así como la población con discapacidad, porque hablamos de un sistema nacional que podrá abarcar un gran conjunto de requerimientos y demandas de un porcentaje importante de la población”, sostuvo Morales.
De esta manera, según consta en el documento enviado al Ejecutivo, este proyecto viene a “adoptar medidas de fortalecimiento en los sistemas de protección social en la vejez, junto a la provisión de servicios de atención médica y asistencia en el largo plazo que permitan abordar la discapacidad, la dependencia y otros condicionantes que se pueden asociar con el envejecimiento demográfico, así como la creación de infraestructura y medio ambientes inclusivos”.
Finalmente, la congresista de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, expresó que “esta Subsecretaría, ayudará a coordinar eficazmente y elaborar acciones dirigidas a intervenciones de reconocimiento sobre los obstáculos sociales y familiares que impiden la plena integración social de estos colectivos”.
Ahora la propuesta queda en manos del presidente de la República, quien deberá materializar la iniciativa ingresando un proyecto al Congreso.
