Los parlamentarios Camila Flores, Karen Medina, Jorge Guzmán, Catalina del Real y Stephan Schubert aseguraron que la ambigüedad con la que actúa el Gobierno está pasando la cuenta.
Diputados de oposición expresaron su preocupación por las recientes amenazas que recibieron tres autoridades del país. Esto luego de que un grupo de desconocidos lanzó panfletos amenazantes en el frontis del Recinto Penitenciario de Alta Seguridad, en la región Metropolitana, amenazas dirigidas al ministro de Justicia, Luis Cordero; al director nacional de Gendarmería, Sebastián Urra; y al alcaide Fabiola Valladares.
Ante la gravedad de estos hechos, las reacciones no se hicieron esperar y la diputada RN, Camila Flores, manifestó que “he sostenido en reiteradas oportunidades que el Gobierno no ha hecho suficiente en materia de crimen organizado, en materia de inseguridad. Ojalá no estén esperando que le pase algo a un político para poder reaccionar”.
“Estas amenazas a autoridades sin duda alguna pareciera que van en la línea precisamente de que, quizás, próximamente pudiésemos estar teniendo desenlaces muy dramáticos para familiares de políticos, de periodistas, de fiscales, de jueces, en fin. Tenemos que evitar llegar a eso. Y para lo cual se debe actuar con dureza, con firmeza, sin doble estándar, sin dobles discursos y sobre todo con una señal inequívoca contra el crimen organizado y en general contra los delincuentes”, señaló.
Desde el PDG, la diputada Karen Medina añadió que “este hecho es sumamente grave, ya que las autoridades están siendo amedrentadas y hemos visto todo lo que ha ocurrido estos días en Ecuador por el crimen organizado. Entonces, debemos poner freno a esto ahora, si no vamos a estar lamentando lo mismo en unos años más”.
“Estamos viendo aumento en los homicidios con armas de fuego y delitos violentos que se relacionan con bandas criminales, por lo que es urgente tramitar medidas que impidan el avance de estas organizaciones y también intervenir las cárceles, que es donde estas mafias se están organizando para seguir cometiendo delitos y agrandar sus redes criminales”, aseguró.
La misma opinión comparte la congresista Catalina del Real, quien señaló que “es de enorme preocupación la violencia y la intimidación en contra de las autoridades encargadas de velar por la justicia y la seguridad ciudadana. Esto es un hecho inaceptable en cualquier sociedad democrática”.
“Las instituciones del Estado deben actuar con firmeza y determinación para esclarecer quienes son los responsables y garantizar la seguridad de quienes se desempeñan en el sistema judicial y penitenciario”, acotó.
Al mismo tiempo, recalcó que “resulta particularmente alarmante que los sujetos detrás de este acto tan cobarde hayan proclamado la llegada de una supuesta ‘justicia popular’. Este tipo de amenazas solo buscan sembrar el miedo y la desestabilización, y es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía, repudiar estos actos y trabajar para fortalecer nuestras instituciones y nuestra justicia”.
Por parte de Evópoli, el congresista y subjefe de bancada Jorge Guzmán, también fustigó las acciones la debilidad del Gobierno: “Hace rato que la crisis de seguridad está afectando la vida de los chilenos, se lo hemos dicho en todos los tonos al presidente de la República y a los ministros de Estado, sin embargo, no se han tomado medidas efectivas y extraordinarias para poder enfrentarla”, afirmó.
“Tenían que amenazar a autoridades para entender que esto es anormal? ¿Qué esperan? ¿Llegar a vivir la violencia de Ecuador, Colombia o México? Los chilenos no tienen la posibilidad que tiene el Ministro de reforzar su seguridad y no tienen por qué seguir pagando los costos de un gobierno timorato e inseguro en tomar decisiones para enfrentar con toda la fuerza del estado a los delincuentes”, puntualizó Guzmán.
En tanto, el diputado Stephan Schubert expresó que “las amenazas que profirieron en contra del ministro de Justicia, el director de Gendarmería y el alcaide de la Cárcel de Alta Seguridad son un atentado directo contra el orden democrático y la seguridad de las autoridades encargadas. El gobierno tiene que poner mano dura y ser rigurosos en la investigación de quienes son responsables de este acto deleznable. Es fundamental abordar no solo las consecuencias inmediatas de estos actos, sino también abordar las raíces desde dónde esto se genera porque definitivamente no queremos vivir lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos”.
La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra indagando este hecho. Mientras tanto, la tensión y la preocupación aumentan en Chile ante la creciente amenaza a las autoridades y la percepción de falta de respuesta efectiva por parte del gobierno.
