El dictamen establece que se vulneró el fuero de una funcionaria, se atribuyeron funciones de evaluación que no correspondían legalmente a la dirección de Sernapesca, y como consecuencia, se truncó el proceso electoral.
La Contraloría General de Valparaíso ha emitido un fallo a favor de una funcionaria de Sernapesca, respaldando la denuncia presentada por presunta intervención electoral indebida en el proceso de la Asociación de funcionarios Fiscalizadores, Profesionales y Técnicos del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (AFIPES) de Valparaíso. El dictamen revela importantes irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral.
El suceso se dio el pasado 3 de noviembre, cuando la dirección de Sernapesca desvinculó a la funcionaria quien, además, había sido propuesta como candidata a dirigente durante ese mismo periodo.
En primer lugar, la Contraloría determinó que se vulneró el fuero que amparaba a la funcionaria por su condición de candidata, señalando que la dirección de Sernapesca no respetó el marco legal que protege a los postulantes en situaciones electorales.
En segundo lugar, se dictaminó que la Dirección de Sernapesca asumió funciones para las cuales no estaba legalmente investida, específicamente la evaluación de la antigüedad y el fuero de un candidato, lo cual, según la Contraloría, traspasó sus competencias legales y resultó en la interrupción del proceso electoral.
La Contraloría ordenó la reintegración de la funcionaria a sus condiciones contractuales previas, así como el pago de todos los sueldos que dejó de percibir debido a su mal desvinculación del proceso electoral. El fallo destaca la necesidad de respetar la autonomía, independencia y libertad sindical-gremial.
Ante esta situación, los afectados están evaluando solicitar la Responsabilidad Administrativa en contra de aquellos responsables. Se argumenta que las acciones de Sernapesca durante el proceso electoral transgredieron el DFL 29, Art. 84 A, así como dictámenes de la Contraloría General de la República.
Además, se considera la posibilidad de iniciar acciones legales en organismos internacionales, alegando transgresiones a acuerdos internacionales ratificados por Chile ante la ONU, así como posibles violaciones a los derechos humanos y estándares interamericanos en materia de derechos sindicales y gremiales. Se plantea también la posibilidad de incumplimientos de jurisprudencia emanada por la Contraloría General de la República. La situación marca un precedente y subraya la importancia del respeto a las normativas electorales y los derechos fundamentales en el ámbito laboral.
