A pesar de ser aprobada en general, la Ley de Incendios generó controversia al pasar al Senado, ya que el rechazo de Chile Vamos y Republicanos frustró aspectos cruciales del proyecto. La normativa, que busca abordar la problemática de los incendios forestales, vio cuestionado especialmente el artículo que prohíbe a inmobiliarias construir en zonas afectadas por incendios.
La Ley de Incendios, aprobada en su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados con 116 votos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones, ha generado debate al pasar al Senado, ya que algunos aspectos del proyecto fueron rechazados por votos provenientes de la derecha.
El proyecto tenía como objetivo abordar la problemática de los incendios forestales, con medidas como la obligatoriedad para empresas de disponer cortafuegos, la creación de zonas de amortiguación y la prohibición del cambio de uso de suelos en áreas afectadas. Sin embargo, la oposición, principalmente de Chile Vamos y Republicanos, rechazó estos aspectos cruciales.
El diputado Tomás Hirsch, encargado de rendir el informe de la Comisión de Vivienda, destacó las nuevas herramientas del proyecto en materia de prevención y planificación territorial. No obstante, el artículo que impide a inmobiliarias construir en zonas siniestradas fue fuertemente cuestionado, generando desacuerdo entre los sectores políticos.
La diputada Gloria Naveillan calificó el proyecto como «pésimo» y argumentó que «mata la industria forestal y las prácticas agrícolas». También criticó la ausencia del ministro de Vivienda, Carlos Montes, en la sesión y expresó su descontento por la lenta reconstrucción en la zona afectada por los incendios en Valparaíso.
Desde el oficialismo, se defendió la norma que limita el cambio de uso de suelo, acusando a la derecha de priorizar sus «intereses». A pesar de la oposición, el diputado Jorge Brito resaltó que la ley, de haber estado en vigor, habría impactado positivamente en el reciente mega incendio, ya que obliga a construir cortafuegos y desmalezar perímetros urbanos-rurales.
Aunque la legislación pasó al Senado, el oficialismo lamentó la pérdida de aspectos esenciales del proyecto y expresó la intención de seguir impulsando cambios en la siguiente etapa legislativa. Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social, destacó que, pese a los desafíos, la ley representa un paso adelante que seguirán respaldando con el apoyo de autoridades locales de la Quinta Región.