Lo anterior, luego de que se ha revelado que el Estado mantiene una deuda con la industria eléctrica, provocada por el congelamiento de tarifas desde el 2019. Ahora que comenzó su regularización, han surgido nuevos cargos asociados, como el que se conoció ayer que podría implicar un aumento de hasta un 10% adicional mensual en la boleta.
«Esto ya es un escándalo. Nuevamente, vemos alzas que el ministro no transparentó. Se vendrán alzas de un 10% en el año por distribución a propósito del atraso en la actualización de tarifas y la deuda que eso genera. La interpelación cae en el momento justo para que el ministro, de cara al país, le explique a la ciudadanía por qué nunca transparenta las alzas,» señaló la diputada Marlene Pérez.
En medio de esta situación, la inflación de junio reflejó el inicio de un cargo distinto, relacionado con el cobro de las distribuidoras. Este ítem corresponde al Valor Agregado de Distribución (VAD), asociado al decreto que define las tarifas de distribución.
«Esta nueva arista que se suma al alza de las cuentas de la luz, que es esta deuda adicional con la industria que no había sido informada y que va a empujar que el aumento de las cuentas de la luz sea aún mayor del que ya se ha informado, es grave, absolutamente grave. El ministro debe responder por esta falta de transparencia, de prolijidad y de trabajo que va a impactar negativamente en los bolsillos de las familias chilenas,» enfatizó la diputada Natalia Romero.
Según cifras presentadas ante parlamentarios de la mesa técnica, se trata de unos US$ 600 millones. Esta cifra destaca la magnitud de la deuda y el impacto potencial en los consumidores, por lo que las diputadas de oposición continúan exigiendo respuestas claras y acciones concretas para mitigar el impacto financiero en los hogares chilenos.
