El domingo 28 de julio de 2024 fueron las elecciones presidenciales en Venezuela, donde tras horas de espera y sin transparentarse las actas de votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) da por triunfador a Nicolás Maduro -militante del Partido Socialista Unido de Venezuela- con un total de 51,2% de las preferencias, frente al aspirante de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González Urrutia, que alcanzó el 44,2%.
Son llamativos estos resultados y es inevitable cuestionar la veracidad de los mismos, pues las actas electorales no fueron transparentadas, siendo recién en horas de la noche de este lunes que la oposición venezolana, es decir, ni siquiera el propio CNE, dio a conocer una página web donde recopila todas las actas de votación de los comicios presidenciales, dejando en evidencia el verdadero resultado: Nicolás Maduro Moros solo alcanzó un 30% de los votos, mientras Edmundo González se quedó con el 70% del total, siendo electo presidente con el mayor margen de victoria en la historia de dicho país.
Diferentes mandatarios han puesto en tela de juicio lo ocurrido, no solo por la falta de transparencia y el ánimo por imponer el triunfo inexistente de Maduro, sino porque incluso desde antes de las elecciones hubo irregularidades, como cerrar fronteras con Colombia para impedir a un alto porcentaje de los 2,8 millones de venezolanos hacer ingreso y ejercer su derecho cívico, así como también se imposibilitó la concurrencia de veedores internacionales. Es mas, en nuestro país, solo pudieron votar 2.659 personas, negándosele tal derecho a los casi 450.000 con residencia legalizada y habilitados para sufragar.
La crisis en Venezuela no es algo surgido con motivo del fraude electoral reciente, sino que viene hace más de una década y es la detonante del éxodo de más de 7 millones de venezolanos tras la extrema pobreza, corrupción, inflación e inseguridad que azota su nación, la cual, paradójicamente, tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Solo que ahora sale a la luz la debacle que allí impera, debiendo, nuestras autoridades, manifestarse al respecto por una especie de “presión político-social”.
En Chile, el gobierno se pronunció a través del presidente de la República señalando que los resultados son difíciles de creer, agregando no reconocerlos sin una verificación previa. Si bien tal respuesta es política y diplomáticamente correcta, no va alineada con quien era Gabriel Boric Font como diputado, cuando abiertamente apoyaba el régimen chavista de Maduro junto a la actual vocera de Gobierno -Camila Vallejo- que, acompañada de otros parlamentarios y políticos de izquierda nacional, incluso se reunían con el mandatario venezolano para demostrarle abiertamente su apoyo, pese a la crisis ya reinante y en aumento en tal nación.
Lo hecho estos últimos días por el presidente venezolano y militante del PSUV, al: (I) Ordenar detener a miles de personas que protestan pidiendo transparencia electoral; (II) Perseguir a líderes opositores y sus adherentes para apresarlos; (III) Tildar a los manifestantes de “enemigos de la revolución” y “golpistas”; (IV) Respaldar decenas de muertes en protestas; y (V) No dar a conocer actas electorales donde queda en evidencia su derrota, manifestando, por el contrario, que él fue vencedor para así no abandonar el cargo. Solo demuestran que estamos en presencia de un tirano, es decir, alguien que abusa del poder político, controla la economía, gobierna de forma totalitaria sin límites legales, comete violación a los derechos humanos y es capaz de lo que sea necesario para perpetuar su autoridad.
Llama la atención que a nivel nacional solo se traiga a colación y cuestione tajantemente las atrocidades cometidas por el dictador Augusto Pinochet en la dictadura -todas ellas indefendibles, por cierto- no obstante, a diferencia de Maduro, tuvo la “decencia” de aceptar el resultado del plebiscito en 1988 y posteriores elecciones de 1989, donde fue derrotado por Patricio Aylwin Azócar. Cito a Pinochet, para graficar que Nicolás Maduro es aún peor que quien comandó el golpe de Estado chileno de 1973, empero, no vemos a todos los bandos políticos -especialmente, la “izquierda dura”- repudiar como es debido a un tirano, limitándose a moderar sus palabras de forma inentendible. A raíz de aquello, emana la legítima duda de si determinado dictador o tirano recibirá un trato más o menos benévolo si es o no ideológicamente cercano, maquillándosele las atrocidades cometidas por ser un “compañero político”.
