En Chile, la población de personas mayores está creciendo a un ritmo sin precedentes. Y en un país donde cada vez más personas superan los 60 años, se hace urgente que nuestra legislación y políticas públicas se adapten para responder de manera integral a sus necesidades. Paradójicamente, hoy en Chile los derechos y la protección de las Personas Mayores se abordan principalmente a través de la ley que creó el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), quedando a la vista la ausencia de un enfoque que aborde adecuadamente el amplio espectro de necesidades sociales y jurídicas que conlleva el envejecimiento.
Por esto, la Ley Integral de Personas Mayores, que surge en buena medida de un mensaje presentado por el expresidente Piñera en 2020, se presenta como un paso fundamental hacia el reconocimiento y la protección de los derechos de este grupo que, a menudo, ha sido ignorado en el debate legislativo.
Las cifras hablan por sí solas. Según la séptima Encuesta de Inclusión y Exclusión Social de las Personas Mayores (2023), los niveles de maltrato, discriminación y abandono son alarmantes. Y esta situación hace evidente la necesidad de establecer un estatuto que no apunte únicamente a mejorar sus condiciones de vida, sino también garantizar su dignidad, autonomía y participación activa en la sociedad.
La Ley Integral de Personas Mayores propone un enfoque multidimensional que aborda desde la atención sanitaria hasta acceso a la justicia y una amplia gama de derechos. Se reconoce la diversidad de necesidades dentro de este grupo, pero también su calidad de pilar fundamental de nuestra sociedad, como un grupo con expectativas de seguir participando activamente de la comunidad y siendo un aporte para el país.
El envejecimiento de la población no debe ser visto como un problema, sino como una oportunidad para construir un país más inclusivo y justo, desde la cuna hasta los últimos días de vida. En mi trabajo territorial he visto cómo las personas mayores no solo buscan que exista un estatuto de derechos y una institucionalidad que los proteja, sino cuestiones mucho más concretas, como la posibilidad de integrarse plenamente en la cultura, el arte y el deporte. Y este anhelo tiene sentido cuando, según la encuesta antes mencionada, casi el 90% de las personas considera que las personas mayores están “muy marginadas” o “algo marginadas”.
Por eso valoro que durante la tramitación en la Cámara de Diputados se haya recogido el contenido de un proyecto de mi autoría, orientado a promover un envejecimiento activo mediante el acceso y participación en actividades culturales, artísticas y deportivas, con cuotas de acceso garantizado y beneficios de rebaja en el costo de ingreso.
La Ley Integral de Personas Mayores no es solo una cuestión de justicia, sino de sentido común. Es hora de que el Congreso escuche el llamado de millones de chilenos que esperan una respuesta concreta y efectiva, garantizando a las personas mayores una inclusión plena en la vida política, social, económica y cultural de nuestro país.
El camino hacia la aprobación de esta ley ha sido largo. Espero que esta generación de parlamentarios logre dar el paso decisivo para avanzar hacia un Chile donde envejecer no signifique perder derechos, sino ganar en respeto y reconocimiento. Aprobemos la Ley Integral de Personas Mayores y demostremos que en Chile nadie queda atrás.
