La credibilidad pública en la profesión de abogacía se encuentra gravemente afectada. Casos recientes, como el de Hermosilla, han reabierto el debate sobre la regulación ética de quienes ejercen el derecho, subrayando la necesidad de un cambio profundo. Se requieren medidas más estrictas y vinculantes que aseguren que quienes ejercen esta profesión lo hagan con el más alto grado de integridad.
Es fundamental distinguir entre regulación ética y normativa. Las conductas imputadas a Hermosilla no sólo son contrarias a la ética, sino que también constituyen delitos. Aunque la ley regula la profesión jurídica, la pregunta es si ese estándar es suficiente. Los hechos demuestran que no lo es.
El delicado rol que desempeñan los profesionales del derecho, dado el desequilibrio de información entre cliente y abogado, requiere una confianza en quienes tienen la responsabilidad de defender los intereses jurídicos. La mala conducta de un abogado no sólo perjudica a sus clientes, sino que además erosiona la fe en el sistema legal. Como lo señala Kant, la mentira no sólo afecta a quien es engañado, sino que hiere la misma institución de la veracidad. Así, cuando un abogado traiciona la confianza de su cliente, socava la credibilidad en todo el sistema jurídico.
La naturaleza adversarial de la mayoría de los conflictos legales implica que el éxito de una parte se traduce en la derrota de la otra. Si un abogado recurre a prácticas deshonestas para obtener un veredicto favorable, se mina la capacidad de los tribunales para administrar justicia de manera justa y equitativa. El argumento clásico de que los profesionales del derecho deben presentar todos los antecedentes que favorecen a sus clientes para que el juez pueda tomar una decisión informada, se desvirtúa cuando estas prácticas cruzan la línea de lo ético y lo legal.
Así, quienes actúan deshonestamente, distorsionan la administración de justicia y crean un entorno donde las contrapartes se ven incentivadas a recurrir a tácticas similares. Esto genera un ciclo vicioso que afecta a todo el sistema. Por lo tanto, es esencial que los estándares en la profesión legal superen los mínimos normativos. Este mejoramiento no se logrará sin una regulación efectiva, transversal y vinculante, en línea de la propuesta del Colegio de Abogados. Las sanciones morales y la expulsión de los colegios profesionales no son suficientes. Es necesario implementar sanciones efectivas y disuasivas que, en los casos más graves, puedan llevar a la suspensión o cancelación definitiva de la licencia para ejercer.
¿Quién debería tener la potestad para sancionar las faltas a la ética profesional? Sabemos que esta discusión no es sencilla, ya que involucra aspectos relativos a la libertad de asociación, entre otros. Sin embargo, las legítimas preocupaciones sobre otorgar poderes sancionatorios a los colegios profesionales no deben impedirnos avanzar hacia un sistema que sancione universalmente las faltas éticas. Esto es una necesidad no sólo para quienes recurren a un abogado, sino también para el sistema en su conjunto y para los profesionales que a menudo ven su reputación empañada por las malas prácticas de algunos colegas.
Sólo con una regulación ética eficaz, quienes ejercen la abogacía podrán cumplir plenamente con el mandato que les confiere la ley: ser verdaderos colaboradores en la administración de justicia.
