Tal como lo afirmó, el abogado y concejal Gabriel Zuñiga Aravena, la gravedad radica, en que son 3 años de investigación por parte de la Contraloría General de la República y no se ha podido determinar que pasó con los 160 millones pesos que faltan, por esta razón, y ante la falta de la información que debiera entregar la Municipalidad para justificar el destino de dichos fondos, la misma entidad fiscalizadora ha enviado los tres informes de auditorías realizadas, al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado, para que estas instituciones, inicien las acciones judiciales que en derecho corresponden, además, el edil, ratificó, que “al ser delitos que afectan la probidad publica, he interpuesto la querella respectiva”, agregando que “entre las diligencias que he solicitado, además de pedir, orden amplia de investigar a la Bridec de la PDI, he solicitado que se cite a declarar a la Srta. Erika Martínez y el Sr. Luis Sanhueza, alcaldesa y ex alcalde de San Miguel, por ser ellos los máximos responsables en el periodo investigado”.
Esta nueva arista, se une al desfalco de más de $6 mil millones, por parte de la Corporación Municipal, respecto de las subvenciones de Educación, que se han recibido en los últimos años, en la cual ya existe, una querella y una posterior, ampliación de la misma, por otros 310 millones de pesos. Ambas acciones penales, han sido presentadas por el mismo abogado y concejal de la comuna
