El día 30 de octubre del año 2023 se creó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) por parte del Ministerio Público en coordinación con el Ministerio del Interior, con el objetivo de abordar los delitos vinculados al crimen organizado en el país. Esta iniciativa se inició con la conformación de dos equipos, en Arica y Los Ángeles, mientras que en el resto del país comenzó a operar el día 13 de noviembre de 2023.
La creación de los ECOH son expresión de la Política Nacional contra el Crimen Organizado.
El 22 de diciembre del 2022, el Presidente Gabril Boric dictó el Decreto 369 que, por primera vez, define una política pública contra este fenómeno delictivo, en uno de los esfuerzos más importantes de los últimos años para enfrentar de manera más efectiva las crecientes amenazas del crimen organizado mediante una estrategia integral y coordinada a nivel institucional.
Con ello se define una estrategia específica para desarticular a las bandas y organizaciones criminales, debilitar su poder financiero/económico y las diversas áreas de delito (tráfico de armas y municiones, narcotráfico, el lavado de activos, tráfico ilícito de migrantes, el contrabando, el cibercrimen, etc.), planteándose el desafío de fortalecer la coordinación interinstitucional a través de la consolidación de un sistema de seguridad pública.
Por primera vez la institucionalidad se plantea desafíos como mejorar las capacidades y la coordinación en la lucha contra el crimen organizado, en especial policías, fiscalía y agencias de inteligencia; desarrollar mecanismos eficaces para la prevención y detección temprana de las actividades de grupos criminales de esta dimensión; fortalecer las investigaciones y los procesos judiciales relacionados con el crimen organizado para garantizar una persecución penal efectiva y eficiente (por eso la creación de los ECOH); reducir los niveles de impunidad mediante la mejora de los sistemas de justicia, y por otra parte, fomentar la cooperación y colaboración con organismos internacionales y otros países para combatir el crimen organizado de manera transnacional.
Para ello, el marco legal debe adaptarse continuamente para cubrir nuevas formas de criminalidad y proporcionar herramientas adecuadas para la investigación y sanción de estos delitos; debemos aumentar la conciencia pública sobre los riesgos y consecuencias del crimen organizado para fomentar la colaboración ciudadana y la denuncia de actividades sospechosas; implementar y mantener programas de prevención que aborden las causas subyacentes del crimen organizado, como la pobreza, la falta de oportunidades y la exclusión social; y proveer servicios adecuados de rehabilitación y reintegración para las víctimas de trata de personas y otros delitos graves.
Debemos reconocer que, por primera vez – y quizás tardíamente – nos hemos planteado una política cuyo objetivo central sea disminuir la actividad delictiva de este tipo de organizaciones criminales. Esta tarea es compleja, requiere un enfoque y una acción pública integral, así como la actualización constante del marco legal y una mejora continua de las capacidades institucionales para prevenir, investigar y sancionar a los integrantes de estas bandas.
Para ello se requiere un compromiso firme de las fuerzas políticas, con acuerdos transversales, con la adopción de reformas que orienten al sector público hacia el quehacer y efectos de la acción del Crimen Organizado, así como la participación activa de la sociedad civil y del sector privado.
Una política como ésta debe ser fundamental para la protección del Estado de Derecho y garantizar la estabilidad institucional, social y económica, así como el derecho a la paz en nuestras ciudades y barrios.
Una política en serio, lejos de populismo, perfomances mediáticas y soluciones fáciles y frívolas, que no aportan a la necesidad de unidad nacional para enfrentar el complejo fenómeno del crimen organizado.
