Un duro revés sufrió la Contralora Dorothy Pérez, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara detener la aplicación del polémico dictamen sobre la “confianza legítima”, tras acoger un recurso de protección de la Fundación Fuerza Ciudadana.
Este dictamen elevaba a cinco años la denominada “confianza legítima” en la modalidad a contrata, vale decir la seguridad que las renovaciones anuales serán reiteradas en el futuro.
El Recurso de Protección fue presentado por la Fundación Fuerza Ciudadana, en representación de dos funcionarios municipales de La Cruz (región de Valparaíso), quienes están a contrata, interpusieron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, luego de ser desvinculados del municipio.
“La acción legal es clara y se sustenta en la necesidad de proteger a los trabajadores en virtud de un actuar ilegal y arbitrario, que se ha generadodesde la Contraloría General de la República, a través de Contralora, Dorothy, quien ha planteado un nuevo criterio, pero que a todas luces priva, perturba y amenaza los derechos constitucionales de mis representados, entre los que se reclaman que son el derecho a la integridad psíquica, el de igualdad ante la Ley y el derecho de Propiedad, garantizados en el artículo 19 números 1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República”, explicó el abogado Raimundo Palamara, Presidente de la Fundación Fuerza ciudadana y quien interpuso el recurso.
Agregó que el nuevo dictamen de Contraloría “afecta en su esencia a los derechos de los trabajadores que llevan más de dos renovaciones de sus contratas y ahora se les puso término mediante decretos alcaldicios que no revisten la necesaria fundamentación para sus no renovaciones”
Por esta razón, la Novena Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Antonio Ulloa, JoséRodríguez, y el abogado Integrante Jorge Gómez, acogió la orden de no innovar que incluía el recurso, paralizando en la práctica la decisión de Contraloría.
“Se concede la orden de no innovar solicitada, y en consecuencia, se suspenden los efectos de la abstención de pronunciamiento dispuesta en el Dictamen NºE561358, de 6 de noviembre de 2024, de la Contraloría General de la República, debiendo la mencionada entidad seguir resolviendo, como en derecho corresponda, los reclamos y solicitudes de pronunciamiento que se le presenten relativos a la materia a que se refiere el señalado dictamen”, indica el fallo.
