La inminente destitución de la senadora Isabel Allende (PS) por la fallida compraventa de una propiedad, podría poner a otros parlamentarios enfrentando al Tribunal Constitucional (TC) por celebrar contratos con el estado.
Al respecto, The Clinic expuso millonarios contratos que habrían suscrito parlamentarios, a quienes les podía afectar el artículo 60 de la Constitución -mismo por el cual fue destituida Allende-, que define que “cesará en el cargo el diputado o senador que durante su ejercicio celebrare o caucionare contratos con el Estado”.
Entre aquellos parlamentarios que presuntamente han mantenido acuerdos que implicaron pagos con dineros públicos se encuentran: Ximena Ossandón (RN), Juan Castro Prieto (PSC), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Fidel Espinoza (PS) y Jaime Mulet (FRVS).
Es así que, este miércoles, los diputados socialistas Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Nelson Venegas y Jaime Naranjo anunciaron una cacería jurídica para llevar al TC estos casos.
Durante una rueda de prensa, Manouchehri manifestó que hay un precedente jurídico en el caso de Allende y “ante ese nuevo precedente jurídico, se tendrá que aplicar el mismo criterio, creemos. Si el TC destituyó a Isabel Allende por un contrato que no fue consumado, imagínese cuál debería ser el criterio del TC con contratos que se ejecutaron y que se encuentran, muchos de ellos, en este momento en ejecución».
