La Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenó congelar una medida impulsada por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y aprobada por el concejo de la ciudad para ajustar el esquema de remuneraciones de los funcionarios de la atención primaria de la salud.
El ajuste, que comenzaba a regir desde el 7 de agosto, se centra en las categorías A y B, que cuentan con sueldos desde los 3,5 millones y hasta sobre los $14 millones. Las rebajas para estos tramos van desde el 1,5% al 23,4% pero serían compensadas por un decreciente «bono de transición», que permitiría a la mayoría preservar sus salarios hasta fin de año. De esta medida, 378 profesionales se sintieron menoscabados, interponiendo cuatro recursos de protección, alegando que se vulneran sus derechos a integridad psíquica, igualdad ante la ley, a una justa retribución y de propiedad.
Con la decisión de la corte, las rebajas salariales quedan congeladas hasta que el tribunal de alzada resuelva el fondo de los reclamos. La alcaldesa alega que la nueva tabla de sueldos no solo es un ajuste técnico o administrativo. «Estamos hablando de condiciones estructurales que afectan directamente la capacidad del sistema para funcionar con legalidad y sostenibilidad».
