El rol de la UF como unidad de reajustabilidad es proporcionar estabilidad económica, cubriendo del riesgo inflacionario. Tal como ha reconocido el Banco Central, ésta protege tanto a quienes ahorran como a quienes prestan dinero de la pérdida de poder adquisitivo. Lo anterior, es aún más relevante a medida que la inflación es más inestable.
Sin embargo, desde el pasado 9 de septiembre, el Banco Central de Chile ha mantenido invariable el valor de la UF en $39.485, 65. ¿Qué ocurre al desaparecer el reajuste diario, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)? Cosas no tan buenas.
De hecho, la medida, adoptada sin explicación pública, ha generado inquietud en diversos sectores económicos y jurídicos, que advierten sobre sus efectos estructurales y la pérdida de confianza en el sistema financiero.
Creada en 1967, la UF ha jugado un importante papel en contratos de largo plazo, créditos hipotecarios, arriendos, seguros, inversiones y trámites estatales. Su reajuste diario permite que los montos pactados se mantengan actualizados frente a la inflación. Pero, al congelar su valor, el Banco Central interrumpe este mecanismo de protección, generando distorsiones en múltiples ámbitos.
Primero, los dividendos asociados a créditos hipotecarios dejan de reflejar la inflación real, lo que podría beneficiar momentáneamente a los deudores, pero perjudicar a las instituciones financieras y a los contratos que dependen de ajustes periódicos. En segundo lugar, al mantenerse fija la UF, los valores pactados de arriendo pierden su capacidad de adaptación al costo de vida, afectando tanto a arrendadores como a arrendatarios.
Además, la invariabilidad de la UF podría desincentivar la inversión y generar incertidumbre entre quienes ahorran. Finalmente, la fijación de valores en UF para permisos, sanciones y otros procesos administrativos queda desalineada con la inflación, afectando la equidad y proporcionalidad de estos cobros.
La ausencia de una comunicación oficial por parte del Banco Central resulta preocupante, especialmente en un contexto de inflación acumulada que supera el 1, 2% desde la fecha de congelamiento, no deja de ser preocupante.
Congelar la UF sin fundamentos técnicos ni explicación pública erosiona la confianza en un instrumento que ha sido pilar de estabilidad contractual por décadas, lo que incluso podría abrir la puerta a litigios por incumplimiento de pactos reajustables.
Claudia Valdés Muñoz, economista; gerente general de BBSC
