El Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, no sólo contra la cúpula de la cuestionada Fundación ProCultura, sino que extendiendo la persecución penal hacia exfuncionarios de la Seremi de Vivienda y el Serviu Valparaíso.
Más allá de la acción contra el exdirector ejecutivo, el psiquiatra Alberto Larraín, y su representante legal, María Contanza Gómez, que se replicó en otras regiones, el CDE apuntó sus dardos directamente contra el exdirector regional del Serviu, Tomás Ochoa Capelli. El exmilitante de la UDI, que asumió la conducción del servicio en noviembre de 2018, bajo el segundo mandato de Sebastián Piñera, figura ahora como el principal blanco del caso Convenios en la región.
Según expuso el organismo persecutor, la figura del exdirector del Serviu es clave en este entramado, convencidos que fue su intervención directa «la que habilitó la suscripción de este con la Fundación representada por la querellada María Constanza Gómez Cruz, organización que nunca tuvo la capacidad técnica para llevar a cabo el convenio que suscribió».
El documento detalla cómo Ochoa remitió el Oficio N°817 del 21 de febrero de 2022 «al jefe nacional de Asentamientos Precarios, solicitando la transferencia de fondos a la Fundación ProCultura para la intervención en el campamento Lomas de Bellavista, por un monto de $93.979.116; campamento Manzana 33, por un monto de $82.791.126; y campamento Las Viñas de Irene Frei, por un monto de $71.603.136, montos que fueron autorizados posteriormente mediante Memo N°152 de fecha 6 de junio de 2022 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo».
