La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó diversos allanamientos esta madrugada para capturar a 66 imputados en el marco de una indagatoria que busca desarticular una red de corrupción conformada por gendarmes y que operaba en varios penales del país.
Según explicaron las autoridades, el personal policial realizó la operación en siete regiones y la red criminal operaba en al menos nueve recintos penitenciarios, principalmente en el Penal Santiago 1.
Además de los gendarmes, la organización criminal estaba conformada por 35 civiles.
El Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, sostuvo en un punto de prensa que la grupo criminal operaba en 9 centros penitenciarios. «Del análisis de información respecto de investigaciones que venían dándose en distintas fiscalías regionales desde el año 2022, tomamos conocimiento a grandes rasgos de que en dos centros penitenciarios de la Región Metropolitana, Santiago 1 y el CPF San Joaquín, funcionarios de Gendarmería coludidos con particulares realizaban actos destinados al ingresar productos prohibidos al interior de los establecimientos».
Junto con ello, los funcionarios también «adoptaban decisiones que permitían el ingreso de personas que, de no haber mediado estos actos de corrupción, no podrían haber entrado a los recintos penitenciarios, especialmente a Santiago 1».
La policía realizó el operativo en Penal Santiago 1 y CPF San Joaquín, además de «otros siete a nivel nacional».
40 de los funcionarios aprehendidos tenían orden de detención en su contra por esta investigación, mientras que los cuatro capturados restantes fueron sorprendidos cometiendo delitos flagrantes.
«Logramos congelar activos en 183 cuentas bancarias pertenecientes a las personas que aparecen ligadas a este procedimiento», dijo el persecutor, añadiendo que «se incautaron 9 inmuebles, 16 vehículos, y aproximadamente 50 cincuenta millones de pesos».
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, dijo que los flujos de dineros que circularon por las cuentas de los imputados superan los 6.300 millones de pesos, de los cuales al menos 3.150 millones de pesos provendrían de los cohechos y sobornos.
