El Gobierno y la Mesa del Sector Público alcanzaron un acuerdo de reajuste salarial de 3,4% nominal para los funcionarios del Estado.
Sin embargo, y más allá del guarismo, el entendimiento generó críticas desde la oposición, que acusó al Ejecutivo de introducir normas de «amarre» que limitarían futuros despidos de personal, a pocos meses del cambio de gobierno.
El punto cuestionado establece que la no renovación de funcionarios a contrata en ministerios, servicios públicos, delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades solo podrá realizarse mediante un acto administrativo fundado, con hechos y argumentos jurídicos específicos, descartando la mera invocación genérica de «necesidades del servicio».
Desde la oposición acusaron que «el Gobierno vuelve a demostrar que no entiende el mensaje que la ciudadanía le dio con claridad. Se acabaron las trampas, las mañas y los amarres de última hora. Lo que hoy intenta hacer el Ejecutivo, aprovechando el reajuste del sector público, es profundamente irresponsable y políticamente inaceptable», señaló el jefe de bancada de la UDI, Henry Leal.
«Estamos frente a una maniobra evidente. El Gobierno se va, pero quiere dejar el Estado amarrado. Usar un acuerdo salarial para instalar una falsa estabilidad laboral que, en la práctica, pretende blindar a operadores políticos y cargos de confianza que llegaron al Estado por afinidad ideológica y no por mérito. No se trata de defender a los funcionarios de carrera, a quienes siempre hemos respetado y valorado, sino de impedir que un gobierno que va de salida deje amarrado al aparato público para sus amigos y compadres», agregó.
En la misma línea, el diputado Frank Sauerbaum (RN) comentó que «no estamos en condiciones de aprobar una norma de ese tipo. Es una suerte de corralito para dejar amarrados a los mismos de siempre, a los cercanos al Presidente de la República y a los grupos de confianza».
«Es bien insólito que existan normas que se refieren incluso a quienes componen los gabinetes, que son las personas más cercanas de la actual administración y que quedarían prácticamente inamovibles si se aprueba esta disposición. Además, tenemos una ley de reajuste que no está financiada», añadió.
Por su parte, el diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, señaló que «el acuerdo de reajuste del sector público incorpora, en sus puntos 14 y 15, normas que exceden completamente el objetivo de una ley de reajuste. Se introducen reglas sobre la no renovación de honorarios y sobre la estructura y funcionamiento de los gabinetes, materias que claramente exceden la idea del proyecto de ley, porque intentan condicionar la gestión del próximo Gobierno».
«Esto no es un reajuste salarial, es un fraude a la ley, que busca rigidizar la administración pública por la vía de una norma transitoria, cuyo objetivo es mantener infiltrado al Estado con operadores políticos de este Gobierno», agregó.
